Alberto González Troyano
Escritor

El nacionalismo, dada su naturaleza reactiva, necesita contrincantes: sin el rencor hacia un enemigo -casi siempre fabricado a propósito- le resulta difícil justificarse y crecer. Por eso, se alimenta demonizando a “otros” y removiendo sus imágenes más expuestas. Es una manera de enaltecer el propio ego y marcar diferencias. De ahí surge ese ardor compulsivo por plantear conflictos que permitan alardear del “nosotros somos distintos y mejores”, tal como se puso de manifiesto el pasado verano en el espectáculo parlamentario de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.

Los animalistas, críticos contumaces de las fiestas de toros y consecuentes con su ideario, habían reclamado la abolición legal de las corridas. Estaban en su derecho y respondían a una tradición tan antigua como la propia tauromaquia que, en sus orígenes mismos, ya tuvo detractores. En cambio, ante la reacción del amplio número de diputados que asumieron como propia la ofensiva ecologista, sí cabe preguntarse por qué, al tratarse de una decisión que desbordó los controles ideológicos de los partidos. Su carácter transversal permitió que muchas de las motivaciones personales de los votantes prohibicionistas se reflejaran en la prensa. Así, muchos transmitieron la impresión de participar con “orgullo” en un debate en el que estaban en juego cuestiones claves. Entendiendo por tales, aquellas que brindan la doble ocasión de proclamar la modernidad ética de Cataluña y, como contrapartida simétrica deseada, resaltar la atávica insensibilidad española, que mantiene todavía como su fiesta más nacional, una diversión basada en la violencia, la sangre y el dolor.

Era evidente que los parlamentarios partidarios de la supresión encontraron ya servida, gracias a la iniciativa del grupo animalista, una nueva forma de exhibir un rasgo de civilización ante Europa, que, a su vez, les distanciaba del resto de España. La utilización de las corridas de toros adquiría así un gran valor simbólico. Desde esta perspectiva, la situación debía aprovecharse, porque, en sus casos, los despliegues de modernidad son cada vez más raros, provocando una sentida frustración el escaso reconocimiento europeo del catalanismo cultural.

Resultado que no se esperaba, porque con la llegada de la democracia, en los círculos nacionalistas, surgió la ilusión de que la cultura en lengua catalana, una vez alejada la tutela opresora centralista, sería acogida en Europa con el fervor de un hijo recuperado. Se confiaba en incrementar la ya de por sí significativa proyección obtenida por Barcelona, en los últimos años del franquismo, como centro difusor de creación y cultura. Pero aquel poder y aquella imagen desbordante de vitalidad no sólo no se mantuvo, sino que se ha reducido considerablemente. Basta recordar las recientes palabras de Vargas Llosa previas a la recogida del premio Nobel: tan entrañables al evocar sus ricos años de convivencia en la ciudad cosmopolita, como nostálgicas al señalar que aquel tiempo no ha tenido continuación. Mas tras esa transformación negativa hay unos planteamientos políticos responsables: los impuestos por el catalanismo cultural excluyente. Planteamientos en los que han participado no sólo los partidos declaradamente nacionalistas, también los otros dos partidos, de izquierdas, consintieron que el legítimo cultivo de lo propio, se hiciera a costa de acallar la tradición plural, europea y abierta de Cataluña. Y esos mismos políticos que han sometido sin pudor toda la cultura catalana a un maniqueo baremo nacionalista, se dispusieron a dar un gran ejemplo cívico, prohibiendo en su territorio las corridas de toros. Con una medida de tal repercusión pública pensaban recuperar la imagen de una Cataluña avanzada, gracias a unos criterios políticos ilustrados y modernos.

Y, al mismo tiempo, daban una lección moral a una España que se resistía a adecuarse a las nuevas exigencias de sensibilidad en el trato de los animales. En principio, era una jugada que, cara al exterior -en realidad su único objetivo, dado el carácter residual de las corridas de toros en Cataluña-, podía ser rentable. Pero en su obcecación, los políticos abolicionistas, sufrieron una deformación, quizás porque el rencor instintivo no facilita conocer bien los cambios producidos en los adversarios. Y si esperaban que media España rugiera dolida por tal ofensa a su espectáculo más nacional, se equivocaron, porque las corridas de toros hace ya muchos años que dejaron de interesar a la mayor parte de los españoles. Y han perdido predicamento no como consecuencia de ninguna intolerancia política. Sencillamente, los abusos de la mayoría de los taurinos -es decir, de los que viven directamente del espectáculo- han decepcionado y aburrido a los aficionados. La fiesta ya no despierta pasiones, sino críticas y añoranzas del pasado. Por ello, las reacciones en el resto de España -sobre todo las no comprometidas con el taurinismo- han señalado el grado ingenuo y provocador de la civilizada medida catalana. Y, por otra parte, aquellos que tienen todavía puestas sus ilusiones en la conservación de las corridas, saben que el verdadero enemigo está en la degradación que, temporada tras temporada, sufre la fiesta, no en sus detractores exteriores.