JOSÉ LUIS BALLESTER
Consejero Editorial del Grupo Joly



Ambos Presupuestos, del Estado y de la Junta, se han elaborado y aprobado en un entorno económico muy desfavorable. La crisis financiera internacional y la interna, fundamentalmente derivada de la caída en picado del sector de la construcción, crean un escenario que hace muy difícil los cálculos presupuestarios, hasta el punto que el Estado ha reconocido que sus previsiones están desactualizadas.

La drástica reducción de la actividad económica influirá en la reducción de los ingresos y al mismo tiempo originará un incremento de los gastos a lo que se unirá el coste de las políticas publicas de reactivación de la actividad económica.

Las medidas extraordinarias de reactivación económica que han debido ser adoptadas tendrán obviamente efectos presupuestarios. El Estado ha adoptado diversos Reales Decretos Leyes, de los que debemos destacar los siguientes:

El 6/2008, que constituye el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros por importe de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000 millones. El 7/2008, que autoriza el otorgamiento de avales del Estado, hasta un importe máximo de 100.000 millones de euros. El 9/2008, que crea un Fondo Estatal de Inversión Local y para Dinamización de la Economía por importe total de 11.000 millones de euros. Y el 10/2008, que concede un crédito de 5.000 millones de euros al ICO para atender necesidades de financiación de pequeñas y medianas Empresas.

Por su parte, la Junta ha aprobado el Decreto Ley 2/2008 por el que se aprueba el programa de Transición al Empleo de la Junta (Proteja), dotado con 360 millones de euros para inversiones generadoras de empleo de los municipios andaluces (300) y para acciones formativas (60).

Estos importantes programas tendrán que financiarse con emisión de deuda pública. Concretamente, respecto al Estado, se autoriza, sin perjuicio de que pueda ser sobrepasado, un incremento del saldo de la misma a 1 de enero de 2009 de algo más de 50.000 millones de euros (Art. 50 Ley 2/2008 de Presupuestos). Y la Junta, (Art. 34) la autoriza hasta el límite de 2.416 millones de euros.

Pero la crisis económica afecta a los gastos y a los ingresos tributarios. Respecto a los gastos, ambos Presupuestos incrementan las restricciones a la incorporación de personal de nuevo ingreso, contratación temporal y de funcionarios interinos, de tal forma que en 2009 el número total de plazas de nuevo ingreso, con excepción de determinados sectores, será como máximo el 30 por ciento de la tasa de reposición de efectivos (Art. 23 del Estado y Art.10 de la Junta). En general, se hace referencia a la austeridad. Pero, es evidente que la crisis puede incrementar los gastos, entre ellos, los dedicados a prestaciones de desempleo, que se prevén en 2009 en el entorno de 20.000 millones de euros, pero que, a la vista de lo sucedido en 2008, esta cifra puede incrementarse, lo que obligará a aumentar las aportaciones del Estado.

Respecto los ingresos tributarios, el Estado prevé en 2009 un descenso del 11,8 por ciento. Sin embargo, puede ser mayor, ya que los últimos datos de recaudación a noviembre de 2008 muestran una tendencia a la baja sobre la de 2007, que es del 12,6 por ciento. Por tributos, el IRPF baja un 2 por ciento; Sociedades, el 35,9; el IVA, el 13,7 y sufren una ligera caída los Impuestos Especiales.

Los últimos datos de estos ingresos de la Junta de fin de septiembre de 2008 muestran que la tarifa autonómica del IRPF se incrementa con relación a 2007 en un 16,54 por ciento, pero los dos grandes tributos autonómicos cedidos, Trans- misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que representan conjuntamente un 23 por ciento de la recaudación, caen en torno a un 40 por ciento, por estar muy relacionados con la actividad inmobiliaria. La Junta presupuesta para 2009 un descenso global del 9 por ciento.

Esto se verá afectado por el resultado del nuevo régimen de financiación de las comunidades autónomas, cuya entrada en vigor se prevé con efectos de 1 de enero de 2009, y que aumentará la participación de las autonomías en los principales impuestos.

Este panorama presupuestario presenta una serie de efectos y peligros que podríamos resumir en cuatro puntos.

Primero. Los Presupuestos de 2008, por los motivos reseñados, se cerrarán con déficit superior al 3 por ciento para el Estado, que podría aumentar en 2009, estimándose por el propio Gobierno que este año podría acercarse al 6 por ciento del PIB, lo que afecta al pacto de estabilidad presupuestaria.

Segundo. Este déficit y las medidas de reactivación económica van a incrementar el saldo vivo de Deuda Pública. Y este incremento puede ser aún mayor si el nuevo régimen de financiación de las Comunidades Autónomas se articula sobre la base de nuevos endeudamientos.

Tercero. El endeudamiento público reducirá la financiación del sector privado que obtendrá los recursos con mayor dificultad y a más alto precio, lo que afectará a su competitividad y dificultará la reactivación. La Deuda Publica española ya estaba soportando a finales de 2008 una prima de riesgo del 0,80 por ciento, y las nuevas emisiones que se prevén pueden aumentar este diferencial, lo que implicará un mayor coste para las administraciones públicas.

Cuarto. Todo lo anterior puede provocar que a medio plazo, el Estado y las Autonomías se vean obligadas a incrementar la presión fiscal. Si este incremento no se coordina debidamente, existe el riesgo evidente de diferencias entre las comunidades autónomas, a favor de las más ricas, lo que podría afectar a la igualdad de los españoles.