En el desarrollo de las políticas de fortalecimiento del respaldo social a la sanidad pública, han destacado este año varias iniciativas. Entre ellas, el impulso de estrategias participativas de los usuarios y sus familias, como las articuladas en torno a proyectos del estilo de la Escuela de Pacientes, orientados al incremento de la capacidad de autocuidado y decisión de las personas. En este contexto cabría entender, también, la transferencia este año de la Dirección General de Consumo y sus competencias a la Consejería de Salud y la aprobación del nuevo Plan Integral de Diabetes, con vigencia prevista hasta 2013.

Pero la gran plataforma que, en teoría, abrirá a los ciudadanos las puertas del sistema sanitario para intervenir en su orientación estratégica es el proyecto de Ley de Salud Pública, actualmente en trámite parlamentario, en el que ya aparecen diseñados instrumentos como la Evaluación del Impacto en Salud y la articulación de responsabilidades y derechos, personales y colectivos, en este ámbito.

Especial relevancia tiene otro proyecto legislativo, por su contenido y por su repercusión en la opinión pública y publicada durante 2009: la Ley de Muerte Digna. En realidad, en gran medida, una norma garantista del derecho a recibir cuidados paliativos de calidad que ha servido de banderín de enganche par avivar el debate en torno a la asistencia sanitaria al final de la vida. Aunque la ley, todavía pendiente de aprobación, no aborda, ni de lejos, asuntos como la eutanasia o el suicidio asistido, sí que ha estimulado un debate público que no siempre ha estado a la altura de las circunstancias ni del respeto que merecen los pacientes en situación terminal. Desde el punto de vista formal, esa ley dará cumplimiento al mandato del nuevo Estatuto relacionado con el ámbito de los nuevos derechos civiles.

En consonancia con la estrategia diseñada en materia de investigación, Salud ha seguido fomentando la búsqueda de alianzas público-privadas que hagan recalar en Andalucía iniciativas de I+D+i en el campo biomédico de alto valor añadido. Así, además de la consolidación del gran proyecto del PTS de Granada y su llegada a ese espacio de proyectos de gran tirón como el de la multinacional MSD, que se suma al de otras empresas como Pfizer y Rovi también presentes en ese parque tecnológico granadino, la Junta ha procurado mantener cierto equilibrio territorial, asignando prácticamente a cada gran hospital un instituto de investigación. Además de seguir apoyando las líneas de investigación relacionadas con las células madre y la medicina regenerativa, la Consejería de Salud, ha hecho bandera este año de las posibilidades clínicas de la investigación genética. La iniciativa que define este impulso este año es el Medical Genome Project, que buscará las claves de las enfermedades de clara base genética. En este proyecto es clave la presencia de la tecnología de secuenciación de última generación, con el apoyo de la industria privada; en concreto, la compañía Roche.

En cuanto a la reorganización de la sanidad pública, la consejera Montero ha terminado de perfilar este año los cambios en su equipo, en todas las escalas de responsabilidad. Indudablemente, como dijo ella misma en su día, ésta es su legislatura.

A las incertidumbres generadas por la crisis económica se sumó en 2009 la llegada de la gripe A. Con un comportamiento leve desde el punto de vista clínico, la gestión de esta crisis de salud pública ha enseñado a las autoridades andaluzas que la gestión de las emociones es un elemento clave en este tipo de situaciones. Y que las emociones tienen consecuencias: hubo momentos en los que, sin justificación epidemiológica de ninguna clase, las Urgencias de los hospitales públicos andaluces llegaron a experimentar una presión asistencial diez veces superior a la manejada el año pasado en las mismas fechas. Ahora, una vez aclarada la situación, la pandemia ha entrado en fase de normalidad social y a los responsables de la sanidad autonómica les quedan dos tareas pendientes. Una, incorporar las lecciones aprendidas en la crisis del H1N1. Y dos, reajustar el sistema a las previsiones reales tras las expectativas generadas que han obligado a invertir dinero, mucho dinero, en antivirales, material de cuidados y vacunas que, en muchos casos, no se van a utilizar.