La que parecía una crónica de una muerte anunciada e inminente va camino de convertirse en una voluminosa novela en la que van cambiando los personajes y el desenlace se está haciendo esperar. El 23 de febrero se cumplieron tres años de la paralización cautelar de las obras del hotel por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería por invadir la zona de servidumbre de protección y todavía no se sabe qué va a pasar con la mole de 22 plantas y 65.000 metros cúbicos de hormigón levantada en pleno parque natural de Cabo de Gata en el paraje del Algarrobico de Carboneras. Lo único que está claro a estas alturas es que las administraciones estatal y regional se han desmarcado de las negociaciones que iniciaron antes de las elecciones con la promotora Azata del Sol para expropiar los terrenos y han dejado todo en manos de la justicia. El relevo que se produjo en los departamentos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Gobierno dejó bloqueado un posible acuerdo en el que también ha entrado de lleno la crisis. La empresa propietaria del primero de los hoteles del inmenso complejo turístico que había proyectado en el Algarrobico llegó a tasar el justiprecio de la instalación en 300 millones de euros, 200 de valoración de las infraestructuras y 100 más en concepto del "lucro cesante". Una cantidad que ni Gobierno ni Junta están dispuestos a asumir a pesar de que llevan meses y meses reiterando que lo único que se negocia es el derribo inmediato. La constructora asegura que el reloj sigue andando y desde hace tiempo sólo piensa en las compensaciones por daños y prejuicios que tienen que recibir cuando se dictamine su demolición. Eso sí, no aceptaron los 40 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente fijó a finales de 2007 como justiprecio de la mitad del inmueble que ocupa la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. Antonio Baena, portavoz de Azata del Sol, explica que la construcción escalonada en un terreno quebradizo hace física y técnicamente inviable el derribo del hotel y reitera en todo momento que el proyecto turístico lo promovió la Junta de Andalucía. "Somos un inversor privado que cogió una iniciativa pública y después los que nos hicieron el encargo nos dijeron que no procedía". Su paralización ha impedido dar trabajo a alrededor de 25 pymes y crear 700 empleos en Carboneras, de ahí que el municipio haya defendido y en todo momento la legalidad del que ha sido para los grupos ecologistas de nuestro país el principal símbolo de la destrucción del litoral. De momento, no llega una resolución definitiva, pero todos los varapalos judiciales en Almería, Granada y Madrid se los está llevando la promotora y el consistorio almeriense. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han desestimado sus recursos contra la aplicación de deslinde de 100 metros del dominio público del Ministerio de Medio Ambiente y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía validó la suspensión de las obras dictada en febrero de 2006 por el juez Rivera. Y es que el magistrado almeriense ha cargado en sus sentencias prácticamente contra todos y a las presuntas negligencias de la promotora ha sumado "indicios de prevaricación" en la actuación de la Junta de Andalucía por permitir la "ocupación ilegal" de la zona protegida. Han pasado los años y el desaguisado no se ha cobrado aún ninguna víctima. Eso sí, la ex consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, preside ahora el Parlamento de Andalucía, la cámara en la que en su día dijo que la zona era urbanizable, y la ex ministra Cristina Narbona no ha podido culminar el camino hacia el derribo que en su día inició ganándose no pocos enemigos en el PSOE de Almería por el que fue diputada en la década de los noventa.