Adelaida de la Peña

Haití comenzó 2010 con un terremoto de siete grados a 18 kilómetros de la capital que abrió la tierra en dos el martes 12 de enero. El Palacio Presidencial, la catedral, hospitales, escuelas, ministerios, carreteras, centrales energéticas, todo quedó reducido a cascotes, provocando una de las peores catástrofes naturales de la historia. El seísmo no sólo se tragó gran parte de las infraestructuras, también segó la vida de 300.000 personas, destruyó los hogares de 1,5 millones de haitianos y su forma de ganarse la vida y dejó 20 millones de metros cúbicos de escombros. Cuando el país caribeño dejó de notar que la tierra se movía bajo sus pies y empezó a remangarse para levantar de nuevo su capital, comenzó a enfermar de cólera. Los primeros casos de este brote, que mató a 3.600 haitianos, se dieron el 19 de octubre. El año acababa con más de 157.000 enfermos, según datos oficiales, una cifra que crece exponencialmente, según cuentan los cooperantes que trabajan en la zona. Las condiciones sanitarias de los 800.000 haitianos que han pasado el año en campamentos de plástico, los enfermos hacinados en hospitales de campaña en el mejor de los casos y en las calles de Puerto Príncipe en el peor, fueron el perfecto caldo de cultivo para el cólera, que se hace fuerte con la insalubridad y las defensas bajas de un pueblo que no levanta cabeza. Haití se moría delante de todos, por lo que la comunidad internacional realizó innumerables reuniones y prometió ingentes cantidades para la reconstrucción de país, que sufrió unos daños que su Gobierno valora en 7.000 millones de dólares. Sin embargo, sólo el 20 por ciento de esos fondos han sido desembolsados por los países ricos, entre los que España ha sido uno de los principales donantes. Tras la catástrofe natural, la social y la sanitaria, Haití sufrió también en 2010 terremoto político con unas elecciones presidenciales y legislativas tachadas de fraudulentas a finales de noviembre. Las protestas por el fiasco electoral provocaron manifestaciones que se saldaron con la muerte de cuatro personas y una inspección a cargo de la Organización de Estados Americanos.