Pablo Antonio Fernández Sánchez
Catedrático de Derecho Intnal. Público y Relaciones Internacionales. U. de Sevilla

En el año 2010 hemos tenido ocasión de introducirnos en las tripas de la diplomacia internacional, gracias a la circulación de 251.287 cables confidenciales procedentes de distintas Embajadas de los Estados Unidos. No hay nada que objetar a la función de las Embajadas sobre la información que obtienen y su transmisión a las autoridades del Estado que representan. De hecho, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, recoge en su artículo 3 que una de las funciones fundamentales de una misión diplomática es “enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante”. Es más, el artículo 27 de la citada Convención establece que “el Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno y con las demás misiones y consulados del Estado acreditante, dondequiera que se radiquen, la misión podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes en clave o en cifra”.

Por tanto, la polvareda que ha levantado el conocimiento de los cables diplomáticos no se debe a lo inadecuado o no de lo que se diga o cómo se diga sino al levantamiento de la confidencialidad de los datos aportados. Wikileaks se creó en 2007 con la idea de ofrecer información original para que se pudiera contrastar la evidencia de las mismas, desarrollando para ello una alta tecnología que asegurara la confidencialidad de los denunciantes (“whistleblowers”) y una red mundial que le permitiera contrastar la veracidad de la documentación que se pone a disposición del público. Su objetivo es, pues, según ellos mismos dicen, de servicio a la libertad de expresión y a la democracia, pues su información sirve para luchar contra la corrupción o para evidenciar engaños y mentiras de los gobiernos. Eso sí, eliminan información o retrasan su publicación cuando los detalles pueden poner en peligro vidas humanas. Desde su nacimiento en la red, su reputación ha ido creciendo a medida que ha ido prestando información muy diversa. No hay más que recordar sus denuncias de actividades del Pentágono, del Departamento de Seguridad Pública de China, de los Primeros Ministros de Kenia o Bermudas, de la Iglesia Católica, la Mormona o la Cienciología, bancos suizos, empresas rusas y un largo etc. Sin embargo, este año 2010 se ha atrevido a ir demasiado lejos. En abril difundió un vídeo donde se podía constatar un ataque indiscriminado sobre 12 personas en un distrito de Bagdad.

En julio fueron documentos sobre la guerra de Afganistán, en octubre 391,832 documentos o informes militares sobre Iraq. Todo ello provocó las iras del Gobierno de Obama, lo que bloqueó la página web, a través de ataques informáticos. Por eso, Wikileaks contactó con cinco grandes periódicos, New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel y The Guardian, que se comprometieron a publicar los 251.287 cables confidenciales, con informaciones valiosísimas para desenmascarar a gobiernos y poner en su sitio a embajadores, diplomáticos, funcionarios, policías, militares, fiscales, jueces y un largo etc. Ningunas de las informaciones aparecidas suponen, en sí mismo, un ataque a la seguridad nacional de ningún Estado, ni suponen un peligro para ninguna persona, más allá del bochorno que debe tener algún diplomático por manifestar a su Gobierno cosas que callaba o negaba a los funcionarios del Estado acreditante. La información aparecida, a pesar de ser confidencial, que no íntima, puede y debe ser ofrecida por los medios de comunicación, en una sociedad democrática. El relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank LaRue, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, lo han dejado muy claro: “El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones”. Es más, señalan que “El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos”.

Por tanto, al margen de los cotilleos e, incluso, sobre la pobre imagen que se ofrece de algunas instituciones estatales, desde la perspectiva del Derecho Internacional no podrá deducirse responsabilidad alguna. Ello justifica, quizás, que Julián Assange esté siendo acusado de acoso sexual y se le quiera acusar de terrorismo. Porque no hay más. Ahora bien, que duda cabe que la situación que ha provocado Wikileaks tendrá alguna influencia en la política internacional. Habrá algunos cambios de diplomáticos norteamericanos que se han expuesto excesivamente, habrá nuevas reservas de los políticos en sus relaciones con diplomáticos extranjeros y el cambio de algunos usos pero, nada más. Eso sí, se sabe que EE.UU. no tiene ya tanta influencia en América Latina, que teme por sus intereses hegemónicos, que no duda en doblegar voluntades políticas. Se sabe que España tiene una política de doble rasero respecto al Sáhara. Se sabe que hay políticos corruptos y sectas religiosas católicas criminales. Se sabe mucho más y se intuye, aun más. Por tanto, la sociedad civil estará más atenta a lo que cuentan sus gobiernos y le podrá exigir mayor transparencia y menos hipocresía. Y en esto, Wikileaks ha hecho un servicio impagable. n