Emilio Ontiveros
Presidente de AFI y Catedrático de la UAM

La crisis ha revelado muchos problemas en el funcionamiento de los sistemas financieros nacionales. Algunos de ellos no son precisamente nuevos y tienen que ver con aspectos esenciales en la función financiera como la gestión de riesgos o la supervisión de los intermediarios financieros. Que se hayan puesto de manifiesto en el seno de algunos de los sistemas financieros más avanzados añade un elemento adicional de inquietud, además de no facilitar la neutralización del contagio. Esta, recordemos, es la primera gran crisis financiera que no tiene su epicentro en alguna de las economías en desarrollo sino en el centro, en el sistema financiero más avanzado del mundo. El alcance entre los países desarrollados, el impacto diferencial en los sistemas financieros considerados más modernos y eficientes del mundo, le ha concedido a esta crisis una dimensión especial, además de garantizar su rápida internacionalización y poner a prueba la capacidad del sistema financiero global, de sus instituciones, para hacer frente a crisis de esta nueva generación. Las instituciones financieras internacionales, el FMI o el Banco Mundial, hasta el inicio de la crisis trataban de adecuar sus funciones a una realidad bien distinta a la que presidió su nacimiento con ocasión de los acuerdos de Bretton Woods, en 1944.

Son instituciones válidas, con experiencia y capital humano valioso, pero hasta ahora no han dispuesto de la autoridad suficiente para neutralizar algunos de los desequilibrios que han contribuido al inicio de esta crisis. En la gestión de la crisis, o en la adopción de propuestas de regulación de las entidades financieras, tampoco el predicamento es del todo vinculante para los principales países. Una de las razones más o menos inmediatas que se establece como desencadenante de la crisis tiene que ver con un problema propio de gestión por las instituciones multilaterales, cada vez más global: la extensión de los desequilibrios en la balanza de pagos por cuenta corriente. Los déficits prolongados y amplios de economías como EEUU, de forma muy destacada, pero también España; por otro lado, los superávit igualmente concentrados de otras economías, como China. La pretensión de otros países emergentes, asiáticos y latinoamericanos, de aprender la lección de las crisis anteriores, la asiática, les llevó a una deliberada política de acumulación de reservas internacionales por razones de escarmiento, de precaución. Esas reservas habrían de ser invertidas. Y en este punto vuelven a entra los deficitarios y la consecuente dinámica de innovación financiera para albergar de forma suficientemente flexible esos flujos financieros. En la generación de nuevos instrumentos y servicios financieros, la complejidad y opacidad no fue siempre asociada a la eficiencia y, desde luego, a la capacidad de control por los supervisores y las agencias de calificación crediticia. El debate acerca del potencial desestabilizador de esos global imbalances ha estado presente en la academia y en las instituciones multilaterales desde hace años. Pero ni unos ni otros fueron capaces de neutralizar sus consecuencias adversas: el alza en el precio de los activos (la vivienda de forma destacada en los deficitarios) y la estrechamente asociada acumulación de deuda privada.

Como acaba de reconocer el BCE (2011), “ni los mercados financieros (que participaban activamente en la intermediación de volúmenes de liquidez cada vez mayores) ni las autoridades nacionales (preocupadas principalmente por cumplir su mandato orientado a los intereses del país) contribuyeron suficientemente a promover la estabilidad global”. Las instituciones multilaterales tampoco supieron o pudieron ejercer la autoridad necesaria para corregir esos desequilibrios, a pesar de que el FMI, por ejemplo, como nos recuerda el BCE, dejaba constancia en los informes consecuentes con las consultas multilaterales realizadas. No son pocas las lecciones que se han deducido de esta compleja crisis. La más relevante en mi opinión es que a los mercados financieros no se les puede dejar solos. La autorregulación de los operadores financieros tampoco es la mejor de las soluciones. Las instituciones públicas son de todo punto necesarias. Pero ya no es suficiente con que las eficientes sean las de proyección nacional. Necesitamos dotar de prerrogativas, de funciones relevantes a las de proyección multilateral. Los gobiernos deben asumir cesiones de soberanía a instituciones capaces de gestionar crisis que ya hace tiempo dejaron de ser nacionales. El FMI, que ya tiene a casi todos los países del mundo como socios, debe aprovechar esa autoridad para asumir funciones de gobernabilidad financiera verdaderamente global. Para ello debe avanzar en esa tendencia abierta de mejora de la representación, de los procedimientos de toma de decisiones, reconociendo a algunas economías emergentes el papel que ya antes de la crisis habían revelado. Sólo de esa forma podrán atenderse sus advertencias acerca de situaciones como la generada por la aplicación de los desequilibrios globales, entre ahorro y gasto internacional, que pueden seguir constituyendo un factor de inestabilidad en el futuro. Su persistencia tampoco favorece la eliminación de amenazas de proteccionismo como las constituidas por las recientes guerras cambiarias. n