La sostenibilidad presente y futura del modelo social europeo, o democracia social europea como impropia y deseosamente la llama Krugman, se nos antoja un complejo ejercicio de malabarismo político, económico y jurídico que debe abordarse hoy bajo las peores condiciones imaginables. Como apuntaba hace unos meses, no sin razón, el presidente del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa, Felipe González, el problema es que estamos convirtiendo las instituciones europeas en un think-tank y nos falta action-tank. No es sensato obviar el debate sobre la esclerosis que afecta al proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. Sin llegar a afirmar, como hace González, que dicho proceso es diabólicamente ineficaz, hay que reconocer que se han dilapidado ocho años de esfuerzos ímprobos en sacar adelante un instrumento como el Tratado de Lisboa que reclama ahora con urgencia su efectiva puesta en vigor. La norma fundamental de la Unión Europea contiene todas las claves del diseño de una nueva Europa. Contiene todos los instrumentos jurídicos, compromisos de poder y repartos competenciales para abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos: la crisis financiera y de la economía real, la competitividad global, la estrategia energética, la acción exterior común, el envejecimiento demográfico y la inmigración, y la sostenibilidad de su modelo social. Por ello hay que reclamar de los líderes europeos una acción urgente y decidida en todos esos ámbitos. 
 

Todos esos retos sí que se encuentran diabólicamente engarzados entre sí. Hallar el punto de equilibrio que permita resolver todos esos grandes temas sin sacrificar ninguno en favor de los otros es la gran esperanza de los ciudadanos europeos. Salir de la crisis sin perder las señas de identidad de nuestro modelo social –seguridad social, asistencia sanitaria y educación universales, derechos sociales garantizados judicialmente, seguro de desempleo, salarios mínimos regulados- es un reto que deben asumir necesariamente los representantes de los Estados miembros, aunque ninguno destaque hoy especialmente por su pensamiento europeísta integrador. Pero las instituciones europeas deben actuar, no sólo reflexionar. La Estrategia de Lisboa (marzo de 2000) para convertir a Europa en la economía más competitiva del mundo basada en el conocimiento y creadora de más y mejores empleos, ha visto llegar su horizonte en 2010 sin que se hayan podido cumplir sus objetivos esenciales en materia de creación de empleo, atención a la infancia, lucha contra el abandono escolar, inserción laboral de jóvenes y mujeres o flexibilización de las relaciones laborales. La crisis económica y financiera ha terminado por hundir de un torpedazo una buena estrategia –incluyendo la Agenda Social Renovada de 2008- que era producto de la confluencia de importantes procesos políticos y económicos.
 

El esfuerzo realizado para impulsar dichos procesos data de 1997, Proceso de Luxemburgo, que permitió la puesta en marcha de las Directrices Generales de Empleo durante cuyos siete primeros años de vigencia España creó casi ocho millones de empleos, la tercera parte de todo el empleo de la Zona Euro. Los Procesos de Cardiff, para la reforma económica y de los mercados financieros, de Colonia, para el diálogo macroeconómico con los interlocutores sociales, o de Lisboa, para la puesta en marcha del Método Abierto de Coordinación, que tanto ha hecho por el empleo, han supuesto un colosal esfuerzo de coordinación en torno al eje de las Orientaciones Generales de las Políticas Económicas y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que debe mantenerse porque forma parte de las señas de identidad diferenciales del modelo europeo de toma de decisiones frente al resto de los competidores globales. La Unión Europea debería ser consciente, en un ejercicio productivo de autoestima, del valor de su propia mecánica procedimental al menos en la misma medida en que asume con autocrítica el exceso de burocratismo y lentitud legislativa. Porque ha sido esa mecánica, lastrada, si se quiere, por el peso de las garantías al respeto del principio de igualdad y a los derechos fundamentales en general y al respeto a la soberanía de los Estados nación, la que ha permitido un desarrollo económico equiparable al de Estados Unidos o Japón compatible con el mantenimiento de un modelo social verdaderamente único en el mundo y que se nos antoja tan envidiado como irrenunciable. La disciplina financiera que Obama pretende para sus grandes bancos y anuncia en enero de 2010, ya la había propuesto la Comisión Europea en septiembre de 2009 con su iniciativa de creación del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos y del Sistema Europeo de Supervisores Financieros. Pero Obama vende mejor sus ideas porque no tiene que coordinar con nadie su puesta en escena. El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, con independencia del peso, tamaño y lentitud de su maquinaria, sigue siendo, hoy por hoy, el único sistema de creación y ejecución de políticas en el mundo capaz de conjugar un desarrollo económico sólido con un modelo social y cultural a la altura del ser humano. Y eso es un valor a defender porque define diferencialmente a la Unión Europea frente al resto del planeta