Aron Cohen
Profesor Titular de Geografía Humana Universidad de Granada

Para una ideología que reduce el hecho social de la inmigración a una visión muy insuficiente de su funcionalidad económica, el inmigrante sin trabajo estaría abocado a un rápido retorno. Una mirada más atenta a la información disponible atisbará una realidad mucho menos esquemática.

Otro equívoco extendido es el que pasa por alto el carácter generalmente espontáneo y discreto de los “retornos”, sugiriendo una relación necesaria entre este tipo de flujo e intervenciones directas de los Estados que lo registran: ya se trate de medidas para forzarlos (en el caso de inmigrantes en situación irregular) o con el objetivo proclamado de alentarlos sin que dejen de ser voluntarios. La terminología administrativa contribuye a esta confusión, como muestra la Directiva Europea 2008/115 (“de la vergüenza” para sus críticos) sobre “normas y procedimientos para el retorno de los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal”, que incluyen su internamiento durante períodos que varían de un Estado a otro, hasta un máximo de ¡18 meses! Que estas repatriaciones encajen poco en la idea que hoy solemos hacernos de lo que se abarca como migración de retorno, debería ser razón para alertarnos ante lo que conviene no tomar por simples deslices de vocabulario, especialmente en Europa.

Los programas de apoyo al retorno voluntario que, desde tiempo atrás, vienen adoptando bastantes Estados receptores, sí forman parte de la acepción común de esta clase de migración. El Gobierno español puso en marcha uno a finales de 2008, con el RD-Ley 4/2008 (desarrollado por RD 1800/2008) “sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen”. Es de aplicación a nacionales de países con los que España tiene suscrito convenios bilaterales en materia de seguridad social (que incluyen a las principales procedencias latinoamericanas, con la excepción de Bolivia, y a Marruecos). Quienes se acojan al programa deben comprometerse a no volver a España “para residir  y/o realizar una actividad lucrativa o profesional” durante tres años. Un balance del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre su primer año de funcionamiento daba cuenta de 8.700 solicitudes, casi todas de latinoamericanos, sobre todo ecuatorianos (44 por ciento) y colombianos (18 por ciento). Contando a cerca de 1.600 familiares de los peticionarios, el Ministerio consideraba cumplidos “razonablemente los objetivos” y previsiones, estimando que los acogidos representaban “en torno al 10% de la potencial población beneficiaria”. Más baja es la cifra de acogidos al Plan de Retorno Voluntario de Atención Social para personas sin recursos, en vigor desde 2003 y que se financia desde la Secretaría de Estado de Inmigración, gestionado por ONGs: poco más de 3.000 en 2009 (hasta el 10 de noviembre), que, con todo, traducen un aumento respecto a años anteriores.

Estos cómputos dejan al margen el grueso de las emigraciones de ciudadanos extranjeros desde España, en la actual coyuntura del empleo y antes. A comienzos de 2010, la Estadística de Variaciones Residenciales, que el INE elabora a partir de las altas y las bajas del Padrón de Habitantes, no tiene aún disponible el año 2009. Las 232.000 emigraciones de extranjeros al extranjero contabilizadas en 2008, en un contexto que ya era de caída del empleo, suponen un aumento moderado respecto a 2007 (no llega al 17 por ciento), al contrario que el más considerable registrado de 2006 a 2007 (del 65 por ciento). Pero este último se debió al incremento de las bajas por caducidad de las inscripciones padronales. La adaptación de la Ley de Extranjería (LO 4/2000) de finales de 2003 (LO 14/2003) dispuso la obligación de renovarlas cada dos años para los extranjeros no comunitarios que no fueran titulares de una autorización de residencia permanente. El salto de estas bajas en 2007 (130.000, frente a las 50.000 de 2006) no es ajeno a las altas retrospectivamente autorizadas en el marco de la regularización de 2005, y sería más abultado si hiciéramos abstracción de los rumanos, la nacionalidad con más bajas de esta clase en 2006, que, igual que los búlgaros, quedaron exentos de la renovación desde 2007, a raíz de la incorporación de sus países a la UE. Rumanía, Bolivia y Marruecos son, por este orden, los destinos más frecuentes de las emigraciones en 2008... entre los determinados por la estadística, pero los desconocidos y las bajas del Padrón por caducidad (sin precisión de destino) superan el 80 por ciento del recuento.

Informaciones cualitativas matizan el conocimiento limitado de la emigración de ciudadanos extranjeros que permite la estadística. Una publicación reciente (M. Pajares, Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009) se ha hecho eco de un flujo notable de retorno de inmigrados rumanos en el último tercio de 2008, frenada enseguida por el grave impacto de la crisis económica en Rumanía. Entre los latinoamericanos que han emprendido un retorno a sus países de origen (de duración incierta), no serían raros los que disponen de nacionalidad española. Los indicios referidos a los marroquíes apuntan a otras reemigraciones con más frecuencia que a retornos –en las familias migrantes, limitados a veces a parte de sus miembros. Una encuesta que hemos aplicado a inmigrados marroquíes en municipios andaluces, con pasos sucesivos entre 2007 y 2008, detecta, a la vez que una permanencia claramente preponderante (aunque desigualmente según los municipios), retornos (pocos), incluso en los primeros meses de 2008, y casos de estancias prolongadas en Marruecos en el último trimestre de ese año. En estas situaciones, no es fácil para el análisis dilucidar instantáneamente entre movilidades habituales y respuestas a nuevas dificultades. Lo que es seguro es que estas prácticas de movilidad son más factibles cuanto más se refuerza el estatus administrativo del inmigrante en España. Y que cuanto favorezca su fragilización tendería a bloquearlas.