JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CORDÓN
Investigador del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

El año 2008 presenta una buena ocasión para repasar la situación demográfica en Andalucía. Han pasado diez años desde que se inició una evolución de la población muy alejada de las previsiones más fiables elaboradas con anterioridad. Así, el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) anticipaba en 2000 una población de 7,5 millones para el 1 de Enero de 2008, pero los residentes en Andalucía sumaban 8.202.220 en esa fecha, según los últimos datos publicados por el INE.

Este inesperado crecimiento se debe al considerable aumento de las llegadas de inmigrantes, un fenómeno que ha afectado a toda España. Aunque la Comunidad Andaluza recibe un flujo menor, en proporción a su población, que Cataluña, Madrid o Valencia, Andalucía cuenta con 623.279 extranjeros empadronados a 1-1-2008, lo que representa el 7,6 por ciento de la población andaluza y el 11,83 por ciento de todos los extranjeros afincados en España.

A la incorporación de los nuevos residentes, hay que añadir la mayor fecundidad y la mayor juventud de los inmigrantes, principales razones por las que el número de nacimientos ha subido de 76.632 en 1998 a 96.400 en 2007.

Una década después, la crisis económica y el rápido aumento del paro anuncian una disminución de las llegadas de inmigrantes. En las proyecciones demográficas más recientes, elaboradas en 2007 por el IEA, todos los escenarios de futuro contemplan una disminución de los flujos y, en el escenario medio (el más probable según esta fuente), las entradas netas anuales proyectadas disminuyen de las casi 90.000 en 2006 a 21.000 en 2025.

Nos encontramos en el umbral de una nueva etapa de crecimiento demográfico, que será probablemente muy distinta a la anterior. ¿Cómo va a afectar la previsible sequía inmigratoria al crecimiento demográfico en Andalucía? Los nuevos residentes extranjeros representaron el 72,4 por ciento del crecimiento de la población en el año 2007 y, contando los nacimientos de madres extranjeras, al menos el 75,5 por ciento del aumento de la población andaluza en ese año se debe a la inmigración.

En la actualidad, la capacidad de crecimiento de la población, en ausencia de inmigración depende exclusivamente del curso futuro de la fecundidad, puesto que la mortalidad tiene una influencia positiva, pero escasa. En 2006, la esperanza de vida al nacer era en Andalucía de 76,4 años para los hombres y 82,5 para las mujeres y se estima que podría aumentar hasta los 79,5 y 85,9 años respectivamente, de aquí al 2025. La estructura poblacional va a influir negativamente sobre el crecimiento futuro: la creciente proporción de personas mayores puede hacer aumentar el número de defunciones, aunque disminuya el nivel de mortalidad, y la escasez relativa de mujeres en edad fértil (las nacidas en los años de baja fecundidad), se traduce ya en un menor número de nacimientos a fecundidad constante.

El IEA ha elaborado, como parte de las citadas recientes proyecciones, un escenario hipotético de ausencia de inmigración a partir del año 2006, con una ligera subida de la fecundidad de 1,5 hijos en la actualidad a 1,63 en 2025, que permite apreciar los efectos del mantenimiento a largo plazo de un bajo nivel de fecundidad. Según este escenario, la población andaluza iniciaría un repliegue a partir de 2020, después de alcanzar los 8,22 millones. En 2025 la población habrá vuelto a su nivel de 2008 y, a largo plazo (en 2050) Andalucía podría quedar reducida a 7,4 millones de habitantes.

La conclusión es que un modelo de crecimiento demográfico basado en una inmigración elevada y una baja fecundidad presenta ventajas a muy corto plazo, pero no es una solución a medio y largo plazo. Un crecimiento demográfico sostenible implica necesariamente un nivel de fecundidad que garantice al menos el relevo generacional y ese objetivo debe orientar las políticas públicas.

El nivel de la fecundidad está muy determinado por la capacidad de las familias para asegurar, al mismo tiempo, una alta participación de hombres y mujeres en el mercado laboral, y la prestación de los cuidados personales que exigen los niños y, de forma creciente, los dependientes de mayor edad. Además, en el seno de la familia, la carga recae esencialmente sobre las mujeres.

Las políticas que facilitan a hombres y mujeres el compaginar las obligaciones familiares con las laborales deben, por consiguiente, situarse en un lugar destacado de la agenda política. Confluyen en estas políticas los intereses de las mujeres, porque contribuyen a la igualdad de género; de las familias, porque facilitan las relaciones entre sus miembros; de la demografía, porque permiten que las familias no tengan que renunciar a tener los hijos que desean; de las empresas, porque favorecen el reclutamiento de mujeres, cada vez mejor formadas; y finalmente, de las personas dependientes, porque mejoran la capacidad de las familias para atenderles.

Desde los años ochenta, los Gobiernos de Andalucía vienen desarrollando una política social y familiar que ha sido en muchos casos pionera en España y que, aunque sometida a las limitaciones que impone el ámbito competencial autonómico, ha apostado claramente por favorecer la conciliación y mejorar la atención a la dependencia. Entre los logros, hay que destacar las medidas orientadas a facilitar el cuidado de los menores de tres años, un elemento crucial cuando el padre y la madre trabajan fuera de casa, o el dinamismo con el que se aplica en nuestra comunidad la ley de dependencia.

Sería necesario, sin embargo, que el objetivo de sostenibilidad demográfica fuese explícitamente asumido y se orientara en consecuencia el conjunto de las intervenciones públicas para permitir a las familias tener realmente los hijos que desean.