Jorge Sánchez Pidal

Sobornaban con trajes, dinero, coches, viajes y regalos caros para obtener tratos de favor en la organización de eventos de las administraciones públicas. Llegaron a hacer negocios hasta con la retransmisión televisiva de la visita del Papa a Valencia. Francisco Correa, el cerebro de la trama, y al que se le calcula un patrimonio de 50 millones de euros, pasará a la historia por dar nombre a la operación Gürtel, que es la transcripción de su apellido en alemán. Situado en un selecto grupo de personas del entorno de confianza del ex presidente del Gobierno José María Aznar, fue uno de los invitados a la controvertida boda en El Escorial de la hija del jefe del Ejecutivo español, decidió aprovecharse de sus relaciones con el poder. En los primeros años del siglo tejió su red de contactos y entabló negocios con el Partido Popular. Luego organizó una red mafiosa -llamadme Don Vito, les decía a sus compañeros de negocios- y comenzó a dar pelotazos. En lugares preeminentes de la supuesta red de corrupción estaban, además, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, “El Bigotes”, y Antoine Sánchez.

Las diligencias de investigación lo tienen claro: “en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, principalmente de las comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un fondo propio”. No lo ha pasado bien el Partido Popular en 2010 con este asunto. La trama Gürtel, que comenzó a investigar el juez Baltasar Garzón en febrero de 2009, ha embarrado a muchos representantes populares en las comunidades de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León. Hasta 14 han tenido que presentar su renuncia a los cargos que ocupaban y no estaban precisamente en puestos de segunda fila. Hablamos del tesorero del partido, diputados en el Congreso, un consejero de la Comunidad de Madrid, diputados autonómicos en esta comunidad o alcaldes de localidades como Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte. La implicación de tantos cargos públicos deriva la instrucción del caso en tres ramas que investigan el Supremo y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. Lo que está en cuestión es la supuesta financiación irregular del Partido Popular, negada contundentemente desde Génova. Pero también el doble rasero del partido con los imputados ha desconcertado. En Madrid, Esperanza Aguirre acabó de raíz con los implicados en el asunto y les obligó a renunciar a sus cargos públicos. En Valencia, nadie se ha ido porque el primer salpicado es el presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps. Rajoy ha dicho que no cree que Camps se vaya a pringar por unos trajes y sigue confiando en quien primero le apoyó explícitamente cuando su liderazgo al frente del partido estaba en cuestión. Antonio Basagoiti, el líder popular en el País Vasco, ha llegado a decir que quieren acabar con Camps por sus buenos resultados electorales.

Y el líder valenciano que se considera un “1 fijo en las quinielas” electorales de su partido confía en que podrá demostrar la limpieza de sus actuaciones finalmente. Ayuda a enmarañar el entramado que lo iniciase el juez Baltasar Garzón, siempre polémico con sus instrucciones, y ahora mismo apartado de la carrera judicial. Las escuchas ordenadas por el magistrado a las comunicaciones de los detenidos con sus abogados en la cárcel serán sin duda uno de los clavos ardiendo a los que se agarrarán las defensas para pedir la nulidad de las actuaciones posteriores. Si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, a los votantes no les interesan mucho los turbios asuntos económicos en los que puedan verse involucrados los partidos políticos. Otra cosa es cuando la economía afecta a los bolsillos de todos. Los sondeso coinciden, ahora, en que el PP estaría en sus valores más altos desde la llegada de Zapatero al poder y ganaría con amplía mayoría si hubiera elecciones generales; se impondría con mayoría absoluta en casi todas las comunidades autónomas y dejaría al PSOE despojado en las municipales, sin alcalde socialista en ninguna de las alcaldías de capital de provincia de España. La crisis económica arrasaría con el PSOE y encumbraría en el poder a los partidos de oposición, a los que no les pasarían factura los graves asuntos de corrupción en los que se encuentran envueltos. Otro asunto que dejó un rastro de mal olor en 2010 fue la adjudicación de contratos públicos en los concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en localidades gobernadas por el PP de la provincia de Alicante. La investigación ya se había iniciado en 2006 pero el 6 de julio de 2010 se realizaron once nuevas detenciones relacionadas con el caso. Sobre todas ellas la de José Joaquín Ripoll, presidente del partido en Alicante y titular de la Diputación. Quedó en libertad con cargos tras declarar y junto a él fueron detenidos tres concejales y siete empresarios. De una de las intervenciones telefónicas de esta operación se obtuvo, además una conversación del capitán del Hércules en la que soborna supuestamente al portero del Córdoba para dejarse perder un partido de Segunda División.

El equipo alicantino consiguió el ascenso a Primera División y ganó aquel partido. Detrás estaba el empresario Enrique Ortiz, presidente del Hércules, que también mantuvo conversaciones, según la Policía, con el padre de la ministra socialista Leire Pajín, para intermediar en un plan donde estaba interesado por sus asuntos. La turbia mezcla de política, deportes y negocios. La corrupción no es, naturalmente, exclusiva de ningún partido. Convergencia Democrática de Cataluña, la principal formación en la oposición política en Cataluña se vio sorprendida por el caso Palau. Félix Millet, el ex presidente del Palau de la Música, y su mano derecha habrían actuado como intermediarios entre constructoras y adjudicaciones de obras de la Generalitat catalana en tiempos de Jordi Pujol. El dinero se canalizaba a través de la fundación del Palau y una parte de las comisiones se la quedaban los negociadores mientras importantes sumas irían a parar, según las investigaciones, a la financiación de la formación política. El escándalo estalló meses antes de la celebración de las elecciones catalanas. Sin efecto. O con efecto boomerang, porque la formación nacionalista ganó los comicios al borde de la mayoría absoluta y los grupos del tripartito en el Gobierno se hundieron. Coletazos del caso Matas, Brugal, Pretoria, Gürtel, Palau. Son los nombres de la corrupción el año pasado. Doce meses marcados por la crisis que también frenó estos casos. Cuando hay poco que repartir es más difícil traficar con las influencias.