Jorge Bezares
Periodista Delegado del Grupo Joly en Madrid

El Gobierno se ha convertido en el campeón de la improvisación durante la crisis económica. La oposición se lo reprocha a Rodríguez Zapatero cada miércoles en el Congreso de los Diputados, los barones socialistas se lo dicen en privado y el 80 por ciento de los españoles lo confirma en todos los estudios demoscópicos. El propio presidente del Gobierno, en el comité federal del PSOE de mediados de septiembre de 2009, reconoció que gobernar incluye “improvisar”. En concreto, dijo que “el proyecto socialista es coherente más allá que la tarea de gobernar, a veces, lleve consigo la necesidad de improvisar”. “¡Faltaría más!”, agregó ufano. Pero la crisis no sólo ha condicionado la toma de decisiones y los posicionamientos de Rodríguez Zapatero y el PSOE. Hasta que hace tres meses apoyara el plan de ajuste de David Cameron en Reino Unido –el mayor recorte al Estado del bienestar desde la II Guerra Mundial, con 490.000 funcionarios menos y unas tasas universitarias triplicadas-, Rajoy ha ido cambiando de referencia económica europea frente a la crisis con cierta facilidad. Así, en la campaña electoral de 2008, no dudó en poner como ejemplo a Irlanda, que, por entonces, crecía al 4 por ciento y había bajado los impuestos. Esta fórmula de más crecimiento y más recaudación con menos impuestos funcionó con los gobiernos de Aznar y sigue siendo paradigmática para el PP, a pesar de que la crisis actual no tiene nada que ver con la de los noventa. Cuando los mercados convirtieron el milagro irlandés en fiasco, el líder de la oposición se apuntó al modelo francés.

Pero lo abandonó cuando la incontinencia verbal de Nicolás Sarkozy le llevó a plantear la necesidad de “reinventar el capitalismo”, a defender la intervención del Estado sobre la economía y a poner sobre la mesa la posibilidad de aprobar un nuevo impuesto para las grandes fortunas. Con el PP defendiendo en solitario la receta de bajadas de impuestos y recorte de gastos para salir de la crisis, Rajoy se fijó en la Unión Cristianodemócrata Alemana (CDU), que, en plena campaña electoral, había ofrecido bajadas de impuestos. Con la crisis griega, sin embargo, el Gobierno de Ángela Merkel acabó por subirlos, aunque propició la implantación de severos recortes en las economías europeas, en línea con las tesis defendidas por los populares españoles, tras la etapa keynesiana de incentivos. Quizás aconsejado por unos asesores que mantienen desde hace tiempo que la crisis le llevará en volandas al palacio de La Moncloa o quizás influenciado por las críticas cosechadas por su adhesión al plan de ajuste británico, Rajoy tampoco abraza hoy por hoy con mucho entusiasmo las tesis económicas de Cameron. Que no tenga un modelo económico europeo de referencia, no quiere decir que el PP carezca de un programa económico alternativo. Es verdad que Rajoy, en sus intervenciones públicas, no lo detalla como debiera, sabedor posiblemente de que la crisis acabará cocinando a Rodríguez Zapatero en su propia salsa y de que el PP sólo debe tener paciencia y no meterse en jardines que restan más que suman.

Pero lo cierto es que, en la reunión de marzo pasado en el Palacio de Zurbano de marzo de 2010, donde todos los grupos parlamentarios se sentaron con el Gobierno para intentar alcanzar acuerdos para sacar a España de la crisis, el PP presentó el documento Alternativas frente a la crisis que contenía las líneas maestras de un programa económico bajo los siguientes epígrafes: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria, con la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley de Bases de las Haciendas Locales y de la LOFCA para evitar solapamientos; reestructuración del sistema financiero; reforma fiscal, con rebajas selectivas de impuestos; reforma laboral, mejorando la negociación colectiva; competencia y unidad de mercado; morosidad y financiación de las familias y empresas; política energética, y comercio exterior, investigación y desarrollo, tics e infraestructuras. La onubense Fátima Báñez, miembro del equipo económico del PP que participó en las reuniones del Palacio de Zurbano y una de las economistas de centro-derecha con más proyección de futuro, defiende que la primera gran reforma que abordaría el Gobierno popular sería la de la sostenibilidad de las cuentas públicas. “La mejor forma de hacerlo es evitando solapamientos. Hay que hacer un mapa de las competencias autonómicas, municipales y estatales”, aseguró la diputada popular. En segundo lugar, Báñez sitúa la reestructuración del sistema financiero. “Hemos hecho la reestructuración, pero sigue sin haber crédito”, asegura la onubense. En tercer lugar, defiende un sistema tributario que permita “rebajas selectivas de impuestos para incentivar la actividad económica y el empleo”. Para esta diputada popular, la reforma laboral está entre las modificaciones más urgentes. Con ella se debe buscar “la creación de empleo y su estabilidad” y no sólo abaratar el despido.

En este sentido, apuesta por los contratos de fomento del empleo, los contratos fijos a tiempo parcial, la conciliación de la vida laboral y familiar y una negociación colectiva que se adapte a la realidad de cada empresa. En cuanto a la reforma de las pensiones, Báñez mira hacia el Pacto de Toledo, y mantiene que la edad de jubilación hay que ampliarla de forma “voluntaria e incentivada”. “Si baja el paro y crecemos por encima del 3 por ciento, la situación cambiará, ¿no?”, agrega la diputada onubense para explicar que la tesis de pirámide poblacional es rebatible. “Las políticas del PP son reformas para el crecimiento y el empleo. Las del PSOE son recortes porque es incapaz de llevar a cabo las verdaderas reformas”, concluye con un eslogan de precampaña.