Pilar Cernuda
Periodista

Se las ha tenido que ver con dos de los personajes más influyentes del PP, Francisco Camps y Esperanza Aguirre; no se atreve a afirmar rotundamente que no pueda encontrarse un problema de financiación ilegal de su partido porque no conoce exactamente las cuentas de todas las regiones, y se ha visto obligado a hacer lo que no le gusta: tomar decisiones firmes, contundentes.

2009 ha sido el annus horribilis de Rajoy, por calificarlo de la manera que Isabel de Inglaterra. La pesadilla de Rajoy se inició el mes de febrero, cuando salta a la luz pública la detención de Francisco Correa y Pablo Crespo acusados de haber organizado una trama de corrupción en la que estaban implicadas varias personas del PP, sobre todo dirigentes municipales y autonómicos de Madrid y Valencia. Ahí daba comienzo el llamado “caso Gürtel” –correa en alemán- que ha traído de cabeza a Mariano Rajoy durante todo el año, y que se prolonga durante el 2010 pues quedan pendientes importantes decisiones judiciales que afectan sobre todo al presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps.

Si en el caso Gürtel Esperanza Aguirre actuó desde el primer momento con  contundencia, sin que le temblara la mano aunque las dimisiones y ceses afectaban a algunos de sus más cercanos colaboradores, Camps en cambio se resistió de forma tan cerrada a asumir responsabilidades que provocó en el PP la crisis más profunda de su historia.  En las primeras semanas el PP no advirtió la envergadura del caso porque los datos se iban conociendo poco a poco, a través de informaciones periodísticas que filtraban  parte del sumario del juez que llevaba el caso, Baltasar Garzón, y también los retazos más morbosos de las cintas que formaban parte de ese sumario, realizadas por un ex concejal de Majadahonda que quiso vengarse de sus antiguos compañeros y grabó sus conversaciones. 

El respiro solo llegó para el PP  cuando se conoció la noticia de que Garzón había compartido un fin de semana de cacería con el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, con el que cenó en compañía del comisario de información que llevaba el presunto caso de corrupción del PP.  Sin embargo, la posibilidad de desviar la atención hacia el ministro y el juez duró poco al PP, pues a las tres semanas de publicarse las noticias de la cacería Bermejo fue obligado a dimitir.
 Si se cerró pronto el caso madrileño gracias a la contundencia con que actuó Esperanza Aguirre, a la que no tembló la mano a la hora de firmar ceses,  las cosas se complicaron de forma impensable en Valencia. Más que por presuntas irregularidades financieras, cohecho y corrupción, como en Madrid, porque el presidente autonómico no supo reaccionar como debía al explicar sus relaciones con el delegado de Correa en Valencia, Alvaro Pérez, El Bigotes,  con el que Camps mantenía una estrecha amistad personal que tenía repercusiones políticas, pues la Generalitat contrató con  empresas de Pérez  la organización de eventos.

Si algunos de los contratos podían ser convenientemente explicados, falló en cambio el presidente valenciano cuando fue acusado de recibir varios trajes como regalo, con Alvaro Pérez como intermediario. Camps aseguró públicamente que pagaba todos sus trajes y  negó que su relación con El Bigotes fuera tan estrecha. Sin embargo no pudo aportar ninguna prueba que demostrara el pago de los trajes y además se filtraron a los medios de comunicación algunas conversaciones mantenidas con Alvaro Pérez que dejaban claro que mantenían una relación muy amistosa. Pérez utilizaba esa amistad para intentar que se le adjudicaran varios contratos de la Generalitat. Una de las conversaciones que mantuvo con el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, provocó un auténtico escándalo. No porque se advirtiesen irregularidades sino por el tono, impropio de personas que ocupan cargos de responsabilidad y con expresiones insultantes  hacia compañeros.

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal decidieron que Costa no debía seguir al frente de la secretaría general valenciana pues su  comportamiento no se correspondía con el estilo que debe mantener un miembro destacado del PP aunque no estuviera imputado en el caso Gürtel, así que el presidente del partido trasladó a Camps la necesidad de cesar a Costa. Camps se resistió, y a pesar de que Rajoy y Camps mantuvieron varios encuentros, el presidente valenciano no proponía el cese o sustitución aunque a Rajoy le aseguraba que lo haría de forma inmediata. Cuando finalmente se reunió la dirección del PP valenciano para proceder al cese de Costa, Camps no la propuso. Ante esa situación, Cospedal redactó un comunicado  a  media noche informando que Costa había sido relevado de sus cargos. Al día siguiente Costa se presentó ante los periodistas como portavoz y secretario general y, de inmediato, la dirección general del partido procedió a enviar el asunto al Comité de Derechos y Garantías y pedir su baja de militancia.
En plena polémica del caso Gürtel, en septiembre, encontraba Mariano Rajoy un nuevo asunto que le provocaría quebraderos de cabeza: la renovación en la presidencia de Cajamadrid.

Contra todo pronóstico, al finalizar el verano Esperanza Aguirre propone el nombre de su hombre de confianza Ignacio González, una persona sin ninguna experiencia en el mundo económico y financiero. Rodrigo Rato, que había expresado a Aguirre su interés por ese cargo meses atrás y había tenido una respuesta positiva, en un encuentro posterior con Rajoy tuvo también su apoyo. Por eso tanto Rato como Rajoy se quedaron de piedra ante la propuesta de Aguirre.

La lucha por el poder en Cajamadrid fue tan excesiva, tan virulenta, que el propio Rajoy tuvo que intervenir directamente. Aguirre finalmente aceptó a Rato y además dijo que era el mejor candidato posible, pero se quedaron algunos cadáveres en el camino. El más importante, el del brazo derecho de Gallardón y vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que realizó una extensa entrevista en la que vertió acusaciones muy duras contra Aguirre, incluso en el plano personal, y dijo que la actitud de la presidenta causaba “vómito”. Declaraciones que  Gallardón apoyó posteriormente.

Aguirre exigió una respuesta contundente, que la hubo pues la dirección del PP decidió enviar el asunto al comité  de Derechos y Garantías del partido. Ese comité, a finales de enero, decidió suspender de militancia durante un año tanto a Cobo como a Ricardo Costa.

Las relaciones entre Aguirre y Gallardón se recompusieron mínimamente en los meses siguientes,  conscientes los dos de que la lucha por Cajamadrid había agotado la paciencia de Rajoy y  salían escaldados de la contienda. Sin embargo el caso de Francisco Camps  es muy distinto.  La decisión de los tribunales respecto a su posible implicación en la trama Gürtel, y la  quiebra de su relación con Rajoy, serán las claves que determinen su continuidad en política.