Federico Durán López
Catedrático de Derecho del Trabajo. Director del Departamento Laboral de Garrigues

En las relaciones laborales han estado siempre presentes el enfrentamiento y el acuerdo, el conflicto y la negociación. Lo que ha cambiado, en cada etapa histórica, es la dosificación entre uno y otra. Desde hace algún tiempo, la colaboración y el entendimiento ganan terreno frente al conflicto. Este sigue siendo el principio ordenador de las sociedades libres y el motor de su desarrollo y no podrá excluirse de las relaciones laborales, ni de la vida social, que son inevitablemente conflictivas. Sin embargo, en las actuales condiciones económicas y sociales el declinar del conflicto en el mundo del trabajo es evidente y el papel de la colaboración es cada vez más importante.

Sindicatos y organizaciones patronales son instrumentos de defensa de los sujetos representados y, por ello, necesariamente, agentes negociadores. La negociación es la que da vida a las relaciones laborales, que pueden hipotéticamente, concebirse sin conflicto (sin que se exteriorice el conflicto) pero no sin negociación. Y si un buen sistema de negociación tiene efectos positivos para el empleo y el mercado de trabajo, un mal sistema genera conflictos innecesarios, penaliza el empleo y afecta a la competitividad empresarial.

En España tenemos un mal sistema de negociación colectiva. Excesivo número de convenios, estructura negociadora fragmentada, contenidos repetitivos y poco innovadores, escasa utilidad de lo negociado para la gestión flexible de las relaciones laborales en la empresa. Por eso, la reforma y modernización de nuestra negociación colectiva es tarea urgente, y debería ser impulsada por los poderes públicos, dadas las inercias y resistencias al cambio existentes entre las organizaciones empresariales y sindicales.

Además, si en los últimos años la negociación estuvo orientada por un acuerdo general (los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva), en 2009 ello no fue posible, lo que ha creado problemas añadidos. No es que estos Acuerdos, que pueden recuperarse en 2010, sean la panacea, porque hemos tenido una engañosa moderación salarial, que no ha impedido que los salarios subieran por encima de la productividad y que ha alimentado nuestra progresiva pérdida de competitividad, pero en su ausencia los problemas se agravan.

Las organizaciones patronales y sindicales deberían, pues, recuperar su función orientadora del conjunto de la negociación colectiva sobre bases más realistas, dada nuestra situación económica y la debacle del empleo. Y deberían, además, tener una participación más activa en la determinación de las líneas fundamentales de la política económica y de las reformas estructurales.

Y aquí entra en liza el pacto social. Desde la transición, hemos asistido a un proceso de diálogo social en virtud del cual los agentes económicos y sociales han sumado sus esfuerzos, y han acomodado sus posturas, a las exigencias de la política económica. Y ese diálogo social, aunque en muchas ocasiones se ha caído en una actitud autocomplaciente que ha ignorado problemas de fondo no resueltos, ha rendido frutos importantes.

Pero el planteamiento del diálogo social, en cierta medida, se ha pervertido. Un verdadero diálogo social hace referencia a un modelo de gobernanza en el que los representantes de los intereses económicos y sociales son llamados a participar en la adopción de las decisiones más relevantes de política económica y social. Frente a ello, el alcance que se le está dando es claramente limitado: no solo se excluyen cuestiones muy relevantes desde el punto de vista económico y social, como las relativas al modelo energético o a la reordenación del sector financiero, sino que en lo referente exclusivamente a las cuestiones laborales y del mercado de trabajo, el pretendido diálogo se falsea desde el principio.

Si los pactos sociales, en la situación económica y social actual, deberían ir bastante más allá de las cuestiones laborales, implicando a los agentes económicos y sociales en la determinación y desarrollo de las líneas fundamentales de la política económica, en lo que se refiere específicamente a aquellas cuestiones, deberían abordar, ante todo, la modernización de nuestro sistema de relaciones laborales. Ello exige que se den una serie de requisitos: el primero, renunciar a imponer ‘líneas rojas’, cuestiones que no pueden ser tratadas en la negociación; el segundo, admitir que el contrario puede tener parte de razón y no concebir la negociación como el simple intento de convencimiento del otro para que acepte nuestras posturas; y el tercero, evitar la tentación de usar al ‘Gobierno amigo’ como ariete contra la otra parte. Ninguno de estos tres requisitos se da actualmente entre nosotros. Hay demasiados tabúes, demasiadas líneas rojas que restringen drásticamente el terreno del diálogo. Gobierno y sindicatos están tan convencidos de lo acertado de sus planteamientos que solo admiten hablar para que las organizaciones empresariales vean la luz, y, por tanto, dejen sus postulados.  Y, por último, la connivencia gubernamental-sindical altera todo el proceso y anula las posibilidades mediadoras del Gobierno.

Necesitamos un gran pacto social. Pero ello solo será posible si la actitud de los interlocutores sociales cambia y si el Gobierno asume que hace un flaco favor a las posibilidades de acuerdo si actúa como un ‘mediador armado’ que apunta siempre a la misma parte.