José Luis Rodríguez Zapatero es un presidente radical; radical, si se permite la comparación, en el sentido que los italianos la utilizaron para acuñar al partido de Marco Panella y de la ex comisaria europea Enma Bonino. Ningún presidente de la nueva democracia española –desde luego no, Felipe González– se hubiera atrevido a retirar las tropas españolas de Iraq con bofetada incluida a los Estados Unidos. La reivindicación de la laicidad de todas las administraciones del Estado, la recuperación de la memoria histórica –que venía a romper cierto consenso alcanzado en la Transición–, la legalización de los matrimonios homosexuales, la reforma de los Estatutos de Autonomía, la aprobación de la Ley de Dependencia y la ley del aborto no defraudaron a esa izquierda alejada del PSOE desde hace décadas que le ayudó a ganar las elecciones del 14 de marzo de 2004. La bonanza económica de la pasada legislatura le permitió marcar una agenda política hecha especialmente para él, y además consiguió que el PP de Mariano Rajoy fuera entrando al trapo de su estrategia: los obispos en la calle, la campaña contra el Estatuto catalán y la alianza con una derecha mediática muy enrarecida no hizo sino incrementar su popularidad.
 

Pero en esto llegó la crisis financiera internacional y la consecuente hija española, el estallido de la burbuja inmobiliaria, que cercenó los dos motores hispánicos: el sector de la construcción y el consumo de los hogares. Zapatero negó la crisis durante la campaña electoral del 2008, luego confió en que se acabaría en menos de un año, pero 2009 reveló que aquella agenda social de la legislatura anterior ya no aportaba soluciones a la peor consecuencia de la recesión: el desempleo, que aumentó durante 2009 un 25 por ciento, de los 3,48 millones de parados de la primera Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre se pasó a los 4,04 del último período.
 

El paro y la crisis han agotado la credibilidad de José Luis Rodríguez Zapatero en un proceso que también ha lastrado la intención de voto sobre los socialistas. 2009 ha sido el año del punto de inflexión de una curva que aún se desconoce si volverá  a tener un cambio de tendencia. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),  la nota media que los españoles otorgan a Zapatero ha bajado del 4,55 al 3,98. Le salva, según el CIS, que la popularidad de su contrincante, Mariano Rajoy, sigue siendo menor: un 3,51 a principios de 2009, un 3,50 al final. Sin embargo, el deterioro de las expectativas electorales del PSOE aún son peores. Si a principios de 2009, los socialistas adelantaban al PP en sólo dos décimas, el último barómetro del centro oficial colocaba a los populares 3,8 puntos por encima del PSOE.
 

José Luis Rodríguez Zapatero es un hombre de efectos. Antes de las elecciones europeas de julio de 2009, cambió su Gobierno, consciente ya del giro que necesitaban sus políticas. Hasta ese momento, Zapatero confió en que el aumento del gasto público y de las ayudas sociales ayudarían a sobrepasar la crisis. El Plan 8.000, que liberó millones en pequeñas obras públicas para los municipios, ayudó a paliar el paro, pero el fin de la crisis no se acompasó. 
 

No era siquiera un secreto a voces que el ministro de Economía, Pedro Solbes, no apoyaba estas políticas de expansión del gasto, algunas evidentemente sin sentido como la desgravación fiscal de los 400 euros. Con ocasión de la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, Solbes declaró en un foro que lo único que envidiaba de su compañero, ya cesante, era su condición de ex. Se autodescartó.
 

Rodríguez Zapatero cambió su Gobierno en la Semana Santa de 2009. Todos esperaban, incluso en su propio partido, que a Solbes le sucedería otro ministro de Economía con solidez. Desde que Willy Brandt le recomendara a Felipe González que se buscase un buen ministro de asuntos económicos, los socialistas cuidaron bien ese flanco. Las quinielas eran magníficas, nombres excelsos, economistas de prestigio, pero Zapatero sorprendió y optó por hacer vicepresidenta de Economía a su  ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, lo que acrecentó la tendencia al presidencialismo del inquilino de la Moncloa.
 

Hubo dos cambios más de calado. José Blanco, vicesecretario general del PSOE y hombre fuerte del zapaterismo en la calle Ferraz, dejaba el día a día del partido para ocuparse de la cartera de Fomento, de la que saldría Magdalena Álvarez. Con ello, Zapatero dejó debilitado el flanco del partido con una Leire Pajín al frente de la secretaría de Organización que no ha podido ocupar el hueco de Blanco. La entrada de Manuel Chaves como vicepresidente tercero del Gobierno tuvo que ver más con la renovación en la Junta de Andalucía, aunque a la vez se buscaba dotar al Ejecutivo de mayor perfil político. Hubo otros cambios menores, como los de Trinidad Jiménez, en Sanidad; Ángeles González Sinde, en Cultura, y Ángel Gabilondo, en Educación, que se revelaría como uno de los ministros que lograría más notoriedad en poco tiempo.

Sin embargo, si con los cambios Zapatero pretendía ganar las elecciones europeas, no lo consiguió. Con el paso de los meses, casos como el del secuestro del Alakrana, el de Aminetu Aidar o la elaboración de los planes de ajustes fueron revelando fallos de coordinación dentro del gabinete, errores que han trascendido de la mesa del Consejo de Ministros y ya lo hablan a boca llena los diputados y senadores socialistas.