La crisis económica exige en todos los países un ejercicio permanente de análisis riguroso y de responsabilidad, en particular por parte de quienes toman decisiones, tanto en el ámbito público como privado, así como por parte de quienes crean opinión – expertos, medios de comunicación… –. Muchos de los postulados dominantes durante años sobre las ventajas de la desregulación de los mercados y la globalización financiera están siendo cuestionados, sin que todavía se consoliden alternativas concretas. En el caso de España, a la transición hacia nuevas reglas del juego en la relación entre lo público y lo privado, se suma la urgencia de reorientar el modelo productivo para crear empleo de forma más duradera y al mismo tiempo garantizar mayor equidad, avanzando en la provisión de servicios públicos de calidad. Todo un desafío, en el que vale la pena aprender de la experiencia de otros países y del conocimiento acumulado en el ámbito de la OCDE. 
 

En efecto, buena parte de las medidas que el Gobierno está adoptando para promover una economía más sostenible están respaldadas por recomendaciones de la OCDE, algunas formuladas de manera reiterada durante muchos años. Es el caso, por ejemplo, de la actual prioridad a la mejora de la formación profesional, cuyas carencias constituyen uno de los obstáculos más graves para avanzar hacia una economía más sólida: recordemos que casi el 80 por ciento de los empleos destruidos desde que comenzó la crisis se corresponden con personas sin ningún nivel de formación, cuya recolocación resulta extraordinariamente difícil tras el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria. Por cierto, la OCDE había alertado, desde hacía diez años, sobre los efectos perniciosos de la desgravación fiscal a la compra de vivienda, considerando que incentivaba en exceso la construcción de vivienda nueva y reducía la posibilidad de estímulos fiscales hacia otras actividades económicas de mayor valor añadido. Afortunadamente, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora la reorientación de la fiscalidad de la vivienda, para favorecer la rehabilitación y la puesta en alquiler del parque inmobiliario existente.
 

La OCDE es también una referencia en cuanto a las políticas de I+D+I; de hecho, el vigente Plan Nacional de I+D incorporó muchas de las recomendaciones formuladas por la OCDE –cuyo Comité de Ciencia y Tecnología preside, por cierto, un español, Luis Sanz–. En estos momentos se están teniendo también en cuenta las directrices de la OCDE en la elaboración de la estrategia española sobre innovación.
 

Sin duda, el paro constituye el problema más dramático de nuestra economía; desde la OCDE se apoyan las reformas que han comenzado a emprenderse en el marco del dialogo social, en particular para mejorar la empleabilidad (basada en un mayor esfuerzo de formación a lo largo de toda la vida), así como para reducir la temporalidad de los contratos y mejorar la flexibilidad interna de las empresas, así como para propiciar las fórmulas de reducción de tiempo de trabajo, en línea con lo existente en varios países europeos.
 

Asimismo, en los informes de la OCDE se pone de manifiesto cómo se han reducido en España las desigualdades sociales durante los últimos veinte años, algo que se ha producido sólo en cuatro de los 30 países de la OCDE, así como los resultados muy positivos del acceso universal a la sanidad pública –que ha contribuido a situar a España en las mejores posiciones dentro de la OCDE en cuanto a esperanza de vida y a incidencia de determinadas patologías–. Precisamente la evolución demográfica española exige, en estos momentos, un debate sereno sobre el futuro del sistema de pensiones, prolongando la edad real de jubilación (entre otras cosas, desincentivando el recurso a las jubilaciones anticipadas); para ello resulta del máximo interés el contraste con la experiencia de otros países de la OCDE, donde se avanza en la misma dirección con fórmulas flexibles que tienen en cuenta, entre otras cosas, la distinta carga de trabajo de las diferentes profesiones.
 

Un elemento específico de la economía española que destaca, de forma positiva, en los informes de la OCDE, es el esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas que permitió desde 2004 acumular superávits y situar a España en condiciones de partida mucho mejores que en el resto de la OCDE a la hora de incrementar el gasto público par hacer frente a la crisis económica. Incluso en estos momentos, tras el rápido crecimiento del déficit público registrado en 2009, las previsiones de la OCDE sitúan a España como uno de los países con menor ratio deuda pública/PIB en el horizonte de 2013. La OCDE ha señalado también el mejor comportamiento de los bancos españoles ante la crisis –reconociendo explícitamente el efecto beneficioso de las mayores exigencias del Banco de España–, y reiterando, eso sí, su preocupación por el funcionamiento de las Cajas de Ahorros.
 

Un análisis, por tanto, con luces y sombras, que debería ayudar a entender la complejidad de la situación y la posibilidad de reconducir nuestra economía, aprendiendo de errores cometidos y de la experiencia de otros países.