ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
Ministro del Interior



Si para cualquier persona resulta siempre conveniente atender a la autoridad de Cervantes cuando, en boca de El Quijote, nos dejó dicho que "no hay más alta virtud que la prudencia", en el caso de un Ministro del Interior, y mucho más cuando se refiere a un asunto tan delicado como el terrorismo, se podría aseverar que la prudencia es su primera y casi única credencial.

Sin embargo, junto a la prudencia, la responsabilidad y, sobre todo, el sentido de Estado, quienes tenemos la responsabilidad de dirigir la lucha contra el terrorismo, tenemos también la obligación de explicar a los ciudadanos los resultados de nuestro trabajo, la eficacia de las medidas que hemos puesto en marcha y la situación objetiva en la que se encuentra la lucha antiterrorista. Sin desvelar nuestras estrategias y, sobre todo, sin entrar en discusiones que debiliten la unidad de los demócratas.

El combate contra el terrorismo ha sido en España una suma de esfuerzos coherentes y sostenidos en el tiempo. Probablemente esas dos ideas, coherencia y continuidad, son las que mejor condensan de qué hablamos cuando nos referimos a la lucha antiterrorista. Coherencia y continuidad a partir de una lógica que siempre ha sido la misma: fortalecer al Estado y debilitar a la banda. Si analizamos la realidad con cierta perspectiva, veremos que en esa tarea estamos venciendo: ETA es hoy más débil porque el Estado es más fuerte. ETA puede hacernos mucho daño todavía, pero es más débil que nunca frente a una democracia que nunca se doblegará. Su final está ya escrito: no conseguirá jamás ninguno de sus objetivos a través de la violencia, pero tampoco por dejarla.

Hace ahora casi tres años, la banda planteó un alto el fuego, el tercero en los últimos veinte años. Como en las dos ocasiones anteriores, ETA fue incapaz de aprovechar la oportunidad que generosamente le dio la democracia para poner fin a la violencia a través del diálogo porque le faltó madurez para gestionar su propio alto el fuego y comprender que la violencia sólo conduce a la cárcel. Como en las dos ocasiones anteriores, los terroristas rompieron la tregua porque el Estado no cedió a sus pretensiones.

De las dos primeras experiencias de diálogo, con los Gobiernos de Felipe González, primero, y de José María Aznar, después, los terroristas salieron más débiles y el Estado, más fuerte. Esa es la conclusión que ahora, con suficiente perspectiva temporal, podemos extraer, aunque es verdad que durante algunos años, después de la ruptura de la tregua del 98, ETA fue capaz de infligirnos mucho dolor y sufrimiento. La respuesta de los partidos democráticos tras la ruptura de sendas treguas fue reforzar su unidad: con la aplicación del pacto de Ajuria Enea a finales de los 80 y con la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo en el año 2000. La conclusión de ambas experiencias es siempre la misma: cuanto mayor es la fortaleza del Estado, de la democracia en definitiva, mayor es la debilidad de la banda.

Por eso, tras la tercera oportunidad de diálogo desperdiciada por los terroristas, reaccionamos como lo hicimos: redoblando nuestra fortaleza. Y, sí, hoy somos más fuertes que nunca. Tenemos más policías y guardias civiles, formados e informados como no lo han estado nunca. Tenemos unas leyes y unos tribunales que funcionan con eficacia y tesón y disfrutamos de unos niveles de cooperación internacional extraordinarios, empezando por Francia, que mantiene un compromiso impagable –e inquebrantable– frente a la banda.

La fortaleza del Estado se traduce en resultados que deben ser valorados en su justa medida. En apenas seis meses, entre mayo y diciembre de 2008, las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad en España y Francia permitieron detener a los tres máximos dirigentes etarras: Francisco Javier López Peña, Garikoitz Aspiazu y Aitzol Iriondo. Dos datos ponen de manifiesto la eficacia de las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas: por un lado, entre la detención de Aspiazu y la de su sustituto, Iriondo, apenas pasan tres semanas; por otro, en 2008 fueron detenidos en territorio francés 33 presuntos miembros de ETA, algunos preparados para atentar en España. A estos detenidos en Francia se suman los 52 detenidos en territorio español, entre ellos los responsables del atentado contra la T-4 de Barajas, los miembros del comando Vizcaya –el más activo tras la ruptura del alto el fuego– o los del comando "Nafarroa", desarticulado antes incluso de que pudiera cometer su primer atentado.

A pesar de todo, los comandos son el último escalón de la actividad terrorista. Por eso, estrangular la capacidad de regeneración de la banda, acabar con su cantera, es uno de los objetivos centrales de la estrategia policial frente a una organización que sufre un amplio desgaste cada vez que es desarticulado uno de los grupos vinculados al terrorismo callejero. Las 78 detenciones que se produjeron en 2008 en este ámbito no sólo han permitido reducir la actividad criminal del terrorismo callejero, sino que han contribuido a la asfixia de una banda que cada vez tiene más dificultades para reclutar nuevos terroristas y recuperarse de cada golpe policial. Y que cada día que pasa tiene más dificultades para evitar el debate y la reflexión en su colectivo de presos, el más numeroso de toda su historia, tanto en España como en Francia.

Sin embargo, ETA es mucho más que sus comandos, su cantera y sus presos. ETA pone bombas y asesina, extorsiona y chantajea, pero también intenta hacer política, relacionarse internacionalmente y mantener viva una permanente movilización social. En la banda coexisten los comandos, los jóvenes dedicados a la violencia callejera, los presos y quienes quieren hacer política. En todos estos ámbitos, el Estado trabaja para combatir a los terroristas. Gracias a la investigación tenaz de la Policía y la Guardia Civil, y a la determinación de los tribunales de Justicia, ETA tiene cada vez menos organizaciones políticas a su disposición para condicionar las instituciones democráticas, influir en la sociedad y justificar sus crímenes. Organizaciones políticas que no son ilegalizadas por defender unas ideas, sino por tratar de imponerlas con pistolas y con bombas.

Hasta que lo consigamos, hasta que la derrota de ETA y quienes la apoyan sea definitiva, seguiremos sufriendo. Porque la banda está débil, pero no está muerta. Social y políticamente derrotada; policial y judicialmente acorralada; internacionalmente aislada y perseguida; y, además, interna y organizativamente en descomposición, la banda intentará infligirnos el mayor daño del que sea capaz. Lo hemos visto hace no mucho tiempo con el asesinato de Ignacio Uría, y antes, con el de Luis Conde, o el de Juan Manuel Piñuel o el de Isaías Carrasco. Ellos, como todas las víctimas de ETA, son el mejor acicate para seguir trabajando sin descanso hasta detener a sus verdugos y constituyen la columna moral de una sociedad decidida a ganar la batalla.

El final del terrorismo etarra está cada día más cerca. Los demócratas estamos ganando el combate porque hemos resistido y, sobre todo, porque durante todo este tiempo hemos sido coherentes y nunca hemos renunciado ni a nuestros valores ni a nuestros principios. De ahí, de la constancia y la coherencia, de la unidad de los demócratas y del respaldo constante de la sociedad española, nace nuestra determinación para seguir trabajando sin descanso frente a los violentos, para continuar carcomiendo sus estructuras, acorralando a sus militantes, aislando a sus simpatizantes y acercándonos inexorablemente a ese final que nunca ha estado tan cerca. Y si hoy la derrota definitiva de ETA está en nuestras manos es por los errores de ETA, sí, pero sobre todo, por los aciertos del Estado.