José A. Herce
Socio de AFI

Una de las mayores conquistas de la sociedad occidental a lo largo del siglo XX fue el denominado Estado del Bienestar. Si bien la “cuestión social” fue una de las grandes cuestiones que marcaron el tránsito del siglo XIX al XX, alumbrando importantísimas doctrinas sociales para contrarrestar el malestar de las clases obreras y la emergencia de los movimientos revolucionarios, y creando los cimientos sobre los que se fundaría el modelo vigente a lo largo del siglo pasado, no fue hasta después de la segunda guerra mundial cuando se generalizaron los diferentes esquemas que han marcado la consolidación de un sistema de protección social que hoy juzgamos definitorio del modo de vida occidental, soporte de su prosperidad material y cauce de su sostenibilidad social. Pero, en realidad, no existe un modelo de estado del bienestar único entre los países avanzados. Desde el modelo anglosajón hasta el modelo continental europeo pasando por el modelo nórdico (europeo), hay grandes diferencias que determinan lo que un estado puede hacer por sus ciudadanos o, más raramente, lo que los ciudadanos pueden hacer por su estado. El modelo anglosajón deja más margen a la responsabilidad individual, aunque no deja de proteger condicionadamente a quienes más lo necesitan con recursos generales y combina el aseguramiento público con el privado de los riesgos profesionales.

El modelo continental europeo cubre ampliamente a la población sobre una lógica de aseguramiento obligatorio, ligada al empleo, muy oneroso para los costes laborales. El modelo nórdico cubre también muy ampliamente a la población en una multiplicidad de programas y servicios de mucha calidad , aunque grava severamente el bolsillo de los contribuyentes. El modelo continental tiene una “variante latina” que consiste en aspirar a las prestaciones del modelo nórdico pagando los impuestos, mucho menores, del modelo anglosajón. Ni que decir tiene que en España esta variante tiene muchos seguidores. Pero, ningún modelo es perfecto; todos estos modelos están en revisión. No es para menos: cada uno a su manera presenta graves problemas de sostenibilidad financiera, incentivos perversos y resistencia de las jóvenes generaciones a participar. No debe tomarse a la ligera esta problemática que tiene causa, fundamentalmente, en una demografía que algunos denominarían “adversa”. ¿Adversa? En realidad, la buena noticia es que cada vez vivimos más. Pero esta tendencia es incompatible con una entrada cada vez más tardía a la actividad laboral y una salida cada vez más temprana, especialmente si queremos mantener el mismo nivel de vida antes y después de la jubilación, acceder a una mochila de servicios sanitarios cada vez más llena y costosa, asegurar la dependencia que interviene con elevada probabilidad traspasada una cierta barrera etaria o disfrutar de servicios sociales auxiliares (guarderías, pases senior en transportes, cultura y ocio, etc.) a lo largo de las diferentes fases de un ciclo vital más y más largo. Y, atentos al dato, esta álgebra vital es independiente de si nacen más o menos niños y niñas, vienen más o menos inmigrantes o aumenta más o menos la productividad (por lo que decía antes de querer mantener el mismo estándar de vida después de la jubilación). Sería oportuno reflexionar sobre la refundación del sistema de bienestar en sociedades avanzadas en el siglo XXI. En esa reflexión se adivinan inmediatamente tres elementos.

En primer lugar la necesidad de preservar un compacto social que ha rendido excelentes servicios a la sociedad y la economía durante más de un siglo. En segundo lugar, la necesidad de racionalizar la lógica de todas las prestaciones de bienestar adaptándolas a los nuevos estilos de vida, las tecnologías más eficientes y los modelos de gestión más ágiles. En tercer lugar, la necesidad de implicar más intensamente a los usuarios de los bienes y servicios del estado del bienestar en su uso racional y en su financiación directa y finalista. Sólo una re-dosificación inteligente y adaptada a las condiciones vitales, presupuestarias y de globalidad que prevalecerán durante las próximas décadas conseguirá preservar la espina dorsal del sistema de bienestar de las economías avanzadas impulsando adicionalmente su desarrollo y competividad. No menor es el tercer elemento al que me refería: el de la participación financiera de los usuarios. Ya lo hacen, a través de sus cotizaciones e impuestos, pero esta financiación es opaca en el mejor de los casos (pensiones) y ciega en muchos de ellos. Y además es insuficiente. Lo peor es que no sirve para moderar el uso de los bienes y servicios de bienestar llevando al usuario a la ficción de que su precio es cero, lo que conlleva un uso excesivo. Una sociedad avanzada debe poder permitirse el que sus miembros tengan una buena salud y una razonable seguridad económica a lo largo de su ciclo vital, pero a nadie se le escapa que todo este entramado es muy costoso, y su mantenimiento depende críticamente de los esfuerzos a la hora de aportar y la responsabilidad a la hora de recibir de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.