Rafael Myro
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

En los meses finales de 2009, el Gobierno español presentó un proyecto de Ley de Economía Sostenible, un ambicioso texto de carácter programático que también contiene disposiciones concretas referidas a diversos ámbitos. El objetivo perseguido es el de configurar un plan que, trascendiendo la recuperación económica aún pendiente, consiga imprimirle continuidad más tarde, alumbrando una fase nueva de crecimiento de la economía española menos proclive a desequilibrios internos y externos y por ello, de amplia duración temporal. Éste es probablemente el significado más claro y amplio de la expresión “economía sostenible”, sobre todo si entre los desequilibrios que deben ser evitados se destaca el deterioro medioambiental y el despilfarro energético, aspectos a los que se otorga especial relevancia en el proyecto citado.

Para valorar con cierto rigor el proyecto de Ley de Economía Sostenible conviene reflexionar sobre las exigencias que impone la nueva forma de crecimiento económico deseada, a la que algunos denominan como “nuevo modelo económico”. Pues bien, un crecimiento sostenido del PIB a tasas anuales aceptables para un país ya maduro, y susceptibles de crear empleo, es decir, no inferiores al 2,5 por ciento anual, implica reemplazar los motores que han impulsado la producción hasta 2007 por otros nuevos, en primer lugar, sustituyendo la producción de inmuebles residenciales por la de bienes y servicios que atienden otras demandas internas, y en segundo lugar, orientando en una mayor proporción la producción hacia los mercados exteriores.

Este cambio exige el desarrollo de nuevas actividades productivas, así como el fortalecimiento competitivo, mediante mejoras en la calidad y en el precio de los productos obtenidos, de aquellas otras en las que se poseen ventajas comparativas frente al resto del mundo, que son bastante más de las que un contagioso pesimismo lleva a muchos analistas a citar. No sólo se cuentan entre ellas un amplio número de actividades manufactureras, sino también un apreciable conjunto de servicios, que han encontrado en la reciente expansión del mercado doméstico una base de consolidación muy importante.

Para lograr lo expuesto las piezas clave son cuatro: incrementos en la cualificación laboral, en la innovación e internacionalización de las empresas y en la flexibilidad interna del mercado de trabajo, así como reducciones en los costes de transporte y distribución. De los dos primeros factores señalados depende la capacidad para crear nuevos productos, aumentar su calidad y exportarlos; el esfuerzo tecnológico y la internacionalización de las empresas son dos aspectos que se refuerzan entre sí positivamente. De la flexibilidad interna del mercado de trabajo depende que el empleo crezca de forma más estable y se modere el alza de los salarios, que en los dos últimos años, 2008 y 2009, ha registrado un incremento acumulado del 8 por ciento, a pesar del intenso aumento del paro. En fin, una mayor adecuación de los salarios al aumento de la productividad y una reducción de los costes de transporte y distribución garantizan precios competitivos.

Las políticas económicas deben desempeñar un importante papel en el logro de estos objetivos clave de carácter intermedio. En los ámbitos cruciales de la educación y de la innovación, la Ley de Economía Sostenible (en adelante, L.E.S.) se adentra con acierto, aunque de forma parcial y sin que pueda conocerse bien el alcance real de lo que se persigue. En primer lugar, se busca dinamizar la investigación universitaria a través de los Campus de Excelencia Internacional, que se prevén bien enraizados en la realidad social y empresarial, facilitándose el aprovechamiento comercial de los resultados de las investigaciones realizadas en ellos. Esta figura es importante, pero sólo cobrará sentido en el marco más amplio de la reforma educativa que el Gobierno quiere pactar con el principal partido de la oposición. En segundo lugar, se reorganiza y potencia la Formación Profesional, para insertarla de forma clara en el marco de las enseñanzas medias y superiores y acentuar su funcionalidad para las empresas. Aquí los objetivos son más concretos e integrales. Finalmente, en un tercer lugar, se desea potenciar la creación de empresas de base tecnológica desde la contratación pública, fomentando su relación con las universidades, al tiempo que se aumentan los incentivos fiscales a las inversiones en I+D+i. Se trata de objetivos de cierto relieve cuyo alcance real se encuentra de nuevo por definir, pero que parecen apostar por una filosofía de la política tecnológica más moderna, no sólo basada en el gasto.

En el apartado de internacionalización de las empresas, la L.E.S. se convierte en un catálogo de buenas intenciones, sorprendiendo la ausencia de un programa concreto de reorganización de los organismos públicos involucrados en el apoyo al comercio exterior y de impulso de organismos específicos que den un soporte de relieve a la implantación de las empresas en el exterior.

En cambio, la ley comentada se hace más ambiciosa en el objetivo de reducción de los costes de transporte, que acertadamente quiere buscarse a través de una mejor regulación de los mercados y de un desarrollo de las infraestructuras, así como de la potenciación de la Sociedad de la Información. Los costes de distribución han recibido atención aparte, a través de dos sendas leyes que aplican la normativa comunitaria conocida como directiva Bolkestein.
La flexibilización del mercado de trabajo no se aborda aquí, pues será el objeto de una reforma cuya relevancia y urgencia el Gobierno no parece reconocer por completo. Tal reforma debería poner coto a la contratación temporal, que desincentiva los planes personales y empresariales de formación, impidiendo el ascenso en la cualificación laboral, y reformar la negociación colectiva, eliminando la efectividad automática de los convenios, que estimulan la inercia salarial.

La L.E.S. dedica un apartado a la sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas y a la reestructuración de sus actuaciones. Son aspectos clave de una base de actuación más intensa y eficaz, que requiere una reestructuración y reorientación del gasto público basada en criterios de eficiencia. También ofrece un amplio programa de sostenibilidad ambiental, aunque con pocos objetivos concretos, y en contraste con la realidad de una insuficiente definición del marco de generación de energía que aliente la inversión.

En definitiva, la L.E.S. es un paso ambicioso en la apuesta del Gobierno por incentivar un nuevo patrón de crecimiento de la economía española, que se añade a otros en marcha, pero cuya relevancia real dependerá de la concreción de las medidas de desarrollo que se vayan adoptando en los próximos meses. Pero, en todo caso, ahora la tarea más urgente es asegurar una recuperación que se presenta comprometida y es vigilada muy de cerca por los inversores internacionales.