Juan Antonio Solís

Todo se inició casi por casualidad, pero gracias al minucioso trabajo de un grupo de personas, béticos en este caso, que ya por el verano de 2005 se consituyeron como oposición real a Manuel Ruiz de Lopera y se hicieron llamar Béticos por el Villamarín (BxV). Era una época difícil para los anteriormente llamados, incluso despectivamente, notables, pero ni la clasificación del equipo para la Liga de Campeones por primera vez en su historia los detuvo en su afán por acabar con el gobierno tiránico de quien fuese mesías del beticismo. Hallaron un resquicio en un fallo absolutorio para Lopera de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2007 por uno de sus múltiples pleitos con Hacienda en 2004.

Los instructores no lo condenaban, pero evidenciaban que el Betis había financiado a Tegasa, una de sus empresas, y no al revés, como siempre sostenía el máximo accionista. Así, el 3 de diciembre de ese mismo 2007, día de San Francisco Javier, elevaron una denuncia ante la Fiscalía General de Estado, tal era el recelo que tenían al supuesto poder de Lopera en su terreno, pero ésta inmediatamente dio traslado a la Fiscalía de Sevilla, que lo denunció. A la acusación particular se unieron otras dos plataformas de béticos que habían surgido para, igualmente, defender los intereses de la entidad en contra de un Lopera que sólo defendía los suyos. Por Nuestro Betis (PNB) y la Liga de Juristas Béticos (LJB) emprendieron el camino de la mano de BxV. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, dio desde el primer día una lección de aplomo y de ingobernabilidad. Surgían muchas dudas en el entorno del Betis, que a esas alturas, era prácticamente todo el beticismo menos Lopera y dos o tres irreductibles.

Los abogados de éste, Alfredo Flores y José María Calero, habían pertenecido a la Fiscalía y, de hecho, ésta se opuso a diversas medidas adoptadas por su señoría, abrazada desde los comienzos por el beticismo como la salvadora del yugo que lo había paralizado. Pero hubo un fallo que menoscabó la ardua tarea de quienes propugnaban un Betis libre. El 4 de marzo de 2010, la Audiencia anuló un auto de Alaya para ampliar el ámbito de la investigación a la constitución de la sociedad anónima deportiva en 1992, al entender que no existía una “mínima apariencia de tipicidad penal”. Fue el único gol de Lopera en este asunto y hasta hubo quien lo entendió en su día como definitivo. Pero Alaya no se rindió en su investigación y a finales de ese mismo mes dio a conocer el informe pericial del período de Tegasa en el Betis, es decir, entre 1993 y 1998. Según los peritos, el supuesto delito societario de Lopera por apropiación indebida ascendía a 12,4 millones de euros. Los abogados del todavía máximo accionista no cesaron en su retahíla de recursos, protestas, contrainformes... Pero el camino ya estaba trazado y, decididamente, se iba a recorrer entero. La huida de Lopera, siempre hacia adelante, lo llevó a un enésimo intento de venta de sus acciones, siempre asesorado por sus abogados, y es que a la vuelta de la esquina estaba uno de los grandes golpes. El 16 de julio, cuando supuestamente ya había simulado una nueva venta, en este caso al grupo Bitton Sport, comendado por Luis Oliver, se conoció el famoso auto de medidas cautelares, por el que a Lopera, que había declarado como imputado dos días antes, le embargaban diversas propiedades, los derechos políticos de todas sus acciones (51,4%), le exigían una fianza de 25 millones de euros y se recomendaba al Consejo Superior de Deportes (CSD) no autorizar la venta a Bitton Sport, en una operación que, a instancias de la juez, fue investigada por la Guardia Civil, quien como conclusión más importante descubrió la pignoración de las acciones de Lopera como garantía de pago ante la insolvencia de los presuntos compradores. El auto de medidas cautelares fue recurrido ante la Audiencia Nacional, pero Alaya instauró un gobierno provisional con tres administradores judiciales, Rafael Gordillo, Juan Manuel Gómez Porrúa, sustituido tras su fallecimiento por José Antonio Bosch, y Luis Huidobro, quienes pelearon contra un Oliver ayudado por consejeros afines a Lopera.

Tras ardua pelea, la Junta General Extraordinaria para desalojar a los okupas del club se celebró el 13 de diciembre, gracias en este caso al trabajo de PNB, que la había solicitado tiempo atrás al Juzgado de lo Mercantil y en vistas de la intención de Oliver de no convocar una Junta Ordinaria por los cauces habituales. Un grupo de profesores de Universidad, comandados por Gordillo y Bosch, asumió el gobierno de la entidad, en principio de forma provisional. Pero el 21 de enero, ya de 2011, la Audiencia Nacional dio continuidad al que podría denominarse el Proyecto Alaya, al desestimar el recurso de Lopera y ratificar absolutamente las medidas cautelares. Con el club ya a Ley Concursal para poder afrontar su elevada deuda, y pendiente de aumentar su consejo de administración en una Junta Ordinaria por celebrar, al caso le falta la conclusión de la instrucción con el segundo informe pericial, que estudia el período 1999-2008, ya con la empresa Encadesa como beneficiaria del Betis. Luego, llegarán recursos hasta el Supremo, el juicio... Un lustro al menos en los juzgados pero con el Betis ya sin la sombra de Lopera.