La introducción, cuanto menos interesadamente disimulada, de una disposición relativa a la descargas de internet en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incendió la red a finales de 2009. La razón era simple: dicha disposición dejaba en manos de una Comisión de la Propiedad Intelectual, integrada entre otros por representantes de entidades de gestión de derechos de autor, la potestad de denunciar ante la Audiencia Nacional las presuntas violaciones de materiales protegidos por copyright.

“Será un juez quien en última instancia decida –vino a decirse torticeramente desde el Gobierno–  si una web que proporciona enlaces para las descargas puede ser bloqueada o no”.

Ésa fue la conciliadora (¿?) respuesta del gabinete Zapatero a la considerable movilización provocada por el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de internet, un documento redactado por juristas, periodistas y blogueros poniendo en cuestión la constitucionalidad de la medida, que en pocos días consiguió más de 200.000 adhesiones y una visibilidad aplastante.

Sin embargo, la contestación gubernativa no convenció a los opositores, pues lo que decidirá el juez, según la disposición añadida, no será la legalidad o ilegalidad de los enlaces, sino si con el bloqueo de la web denunciada se coarta un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión. Y todo ello, por cierto, en el plazo de cuatro días. Ahí es nada.

Así que, una vez denunciada una web que proporcione enlaces, y tras el pertinente careo, si el juez no observa indicios de atentado contra la libertad de expresión en la adopción del bloqueo como medida cautelar hasta el dictamen de una resolución por parte de la justicia ordinaria, dicha web podrá ser cerrada sin más, independientemente de que esa misma justicia ordinaria luego considere, como ha sido habitual hasta la fecha, que no hay indicios de delito en el hecho de proporcionar enlaces a materiales protegidos por derechos de autor.

Tan expeditiva disposición plantea, al menos, dos preocupantes cuestiones morales y formales. La primera es la relativa a la capacidad de presión, casi se diría de legislación, por parte del lobby de los derechos de autor y la industria del entretenimiento, que quizás harto de ver cómo los tribunales no le dan la razón –como ya se ha dicho, las absoluciones a las webs de enlaces han sido a día de hoy una constante–, aprieta hasta conseguir, nada menos, que saltarse la jurisdicción de los tribunales para obtener un control práctico sobre sus intereses comerciales.
La segunda, aún más grave, es la puerta que semejante disposición abre: cualquier web molesta a dichos intereses, o a otros, sería susceptible de ser bloqueada por la comisión; bastaría con la presencia en ella de un mero enlace a cualquier contenido protegido por copyright, fuera éste un vídeo en YouTube, una canción en MySpace o un álbum completo en Spotify. Parece una barbaridad, pero, con la ley en la mano, sería plausible.
No es la primera vez, ni mucho menos, que la presión ejercida por tan, en apariencia, poderoso lobby solivianta los ánimos de quienes observan internet y el positivo impacto de las nuevas tecnologías sobre la difusión cultural con otros ojos, tan distintos de los habituados a profetizar un Apocalipsis para la creación con cada innovación.
Basta recordar, sin ir más lejos, la polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en 2006, que, entre otros sangrantes asuntos, consagró una medida tan impopular y, literalmente, injusta como el canon digital, un sinsentido jurídico en el ámbito de la sociedad actual –¿qué porcentaje de archivos grabados en su pendrive, en su disco duro, en su tarjeta de memoria del teléfono móvil, resultan ajenos a materiales protegidos por derechos de autor?– que, no obstante, sigue engrosando las arcas de las entidades de gestión.

A propósito, la percepción pública de éstas, con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a la cabeza, sufre una devaluación incesante. Por ello, probablemente consciente de su impopularidad, la SGAE –¿existe en España una entidad con peor imagen corporativa?– pareció jugar en 2009 al camuflaje dejando el protagonismo en la lucha contra la piratería –¡ja!– a esa pomposa e interesadamente denominada Coalición de Creadores –utilizando, ¡ay!, una frase hecha, los mismos perros con distintos collares– . Lástima que hasta en la pista central del circo crecieran los enanos...
Fue el propio comité de empresa de la entidad –¡sin ánimo de lucro!– el que denunció que “con el visto bueno del Consejo”, al parecer presidido de forma vitalicia por Don Eduardo Bautista, se están hipotecando “las futuras recaudaciones de la SGAE, que pertenecen a sus socios, en unos proyectos desproporcionados para los recursos de la entidad”. Dicho comité, que además calificaba la situación como “alarmante”, no sólo se refería a la desproporcionada red nacional e internacional de espacios escénicos proyectada por SGAE, con un presupuesto estimado en 300 millones de euros y la oposición frontal del empresariado del ramo, sino también a las presuntas inyecciones de fondos dirigidas a la trama empresarial, ésta con reconocido ánimo de lucro, creada por la sociedad.

El comité de empresa de SGAE llegaba, no se sabe si en un acto de ingenuidad o desesperación, a pedir el amparo de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, precisamente una de las más firmes valedoras, o al menos eso denotan sus actos, de los postulados defendidos por las sociedades de gestión de derechos de autor y, a la hora de redactar este texto, pendiente del recurso presentado por la Asociación de Internautas, y admitido a trámite por la Audiencia Nacional, sobre el conflicto de intereses que pudiera suponer su doble condición de cineasta y ministra.

Frente a tan proceloso panorama –agravado ya entrado 2010 con un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que denunciaba la “posición monopolística” de las entidades de gestión de derechos de autor y pedía una revisión integral de la Ley de Propiedad Intelectual para eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva de éstos–, la pregunta pertinente es para qué servirá realmente tan polémica disposición de no ser tumbado en el Congreso el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Sirvió, eso sí, para unir como nunca antes a la comunidad de internautas españoles –desde defensores del neoliberalismo a los partícipes del concepto de cultura libre–, pero, ¿frenará las descargas? No, tan cierto como que la música no se muere, sino que está mejor que nunca; tan verdadero como que el cine explora nuevos caminos y marca récords de taquilla.

Frenar las descargas sólo sería posible imponiendo una férrea censura y un control absoluto de la red. ¿Y es eso lo que queremos para alargar artificialmente la salud de un negocio cuyo ciclo de vida parece llegar a su fin?