José Luis Borau
Presidente de la Sociedad General de Autores

Los creadores y los trabajadores de la industria cultural comen, pagan un alquiler o se visten. Es justo, por tanto, que si se dedican profesionalmente también a esta actividad, vean recompensada su labor. La mayoría no son ricos, ni pretenden serlo, sólo trabajan en el anonimato con la esperanza de conservar sus empleos, más aún si sus creaciones son demandadas.

En la sociedad española existe cierta convicción de que las ideas son gratis, pero en su concepción y desarrollo intervienen muchos factores. Detrás de cada una de ellas hay personas que les dan forma: arreglistas, técnicos de sonido, compositores, etc.; muchos puestos de trabajo que, de no evitarlo, dejarán de existir lo que, a la postre, repercutirá sobre la calidad de los productos culturales. El futuro de la cultura reside en logar un equilibrio entre todos los actores que están en juego.

La cultura tiene que ser libre, pero no puede ser gratis. La libertad, entendida dentro de un Estado de Derecho, no debe estar reñida con la justicia, ¿y qué hay más justo que remunerar a alguien por su trabajo? ¿Por qué respetamos, sin llevarnos las manos a la cabeza, las patentes industriales o farmacéuticas? ¿Acaso no es todo lo mismo? ¿Ideas que se materializan en productos finales que se comercializan? En España, el 4,5 por ciento del PIB tiene que ver con el ámbito cultural, generando más de 600.000 empleos, de tal manera que la potenciación de las muchas industrias de la cultura (el cine, el libro, la música, etc.) es clave para el desarrollo de nuestra economía.

La defensa de la propiedad intelectual es igualmente básica para la promoción y difusión de la cultura. Velar por los derechos de autor significa apostar por más cultura y que ésta sea sostenible. Es necesario un consumo en el que autores y usuarios creen un espacio de convivencia. En este sentido, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor realizan una labor imprescindible para asegurar que los creadores reciban una justa remuneración por sus obras, lo que les permitirá seguir desarrollando su trabajo. Además de servir para proporcionar a los artistas formación y asistencia a la que de otra forma no tendrían acceso. Esta idea también la sostienen los grandes países con idiomas fuertes como el inglés y el francés, en donde defienden la propiedad intelectual porque crea riqueza y ofrece una identidad cada vez más universal a las sociedades. En el sistema actual no sólo los creadores se benefician de la gestión colectiva de los derechos. Ayuntamientos, cadenas de televisión, bares, discotecas y otros clientes pueden disponer de las obras sin tener que acudir a cada uno de los autores a solicitar sus derechos, algo inviable sin los beneficios de este sistema. También plataformas online como iTunes se favorecen de ello a través de acuerdos bilaterales. En todos estos casos expuestos, como en todo negocio, ambas partes ganan con el acuerdo ya que el producto cultural se convierte en un factor productivo más. Sería inimaginable una discoteca sin música o iTunes sin contenido.

Si asumimos lo anterior como válido, y a raíz del debate que se está produciendo en los últimos meses, el derecho de autor es un tema complejo sobre el que existe un gran desconocimiento. Es fundamental explicar a todos los ciudadanos la importancia de proteger la propiedad intelectual de la misma manera que se protege la propiedad industrial. La sociedad debe entender que, de no hacerlo, será imposible avanzar en el desarrollo cultural de nuestro país, al impedir promocionar el trabajo de los nuevos valores y consolidar el de los ya existentes.

La defensa de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, que nadie se engañe, no es una cuestión de izquierdas o derechas, sino de justicia, si bien requiere adaptaciones a los cambios tecnológicos y a los usos y hábitos de consumo contemporáneos. Es compatible la generalización en el acceso a la cultura mediante modelos de negocio realistas que conciten un gran consenso.