BERNARDO DÍAZ NOSTY
Catedrático de la Universidad de Málaga



Los medios de comunicación atraviesan en España su peor crisis. La caída de los ingresos por publicidad, de un 14 por ciento para 2008, con una incidencia dramática en los diarios, y la fuerte destrucción de empleo –González Urbaneja, presidente de los periodistas madrileños, prevé hasta 3.000 despidos en 2009–, dibujan sólo dos aspectos críticos de la situación. La recesión, sin precedentes por su intensidad, alcanza a grupos mediáticos de referencia que habían protagonizado, en los últimos años, una fuerte expansión de sus actividades.

Además del montante de los números rojos, se sabe que hay empresas que no sobrevivirán, y que muchos proyectos han dejado de ser viables. Por regla general, las fases depresivas estimulan los procesos de concentración, pero ahora es difícil allegar recursos financieros para emprender arriesgadas operaciones de compra, entre otras razones porque el sector de los medios está muy sobredimensionado.

Es cierto que no se trata de un fenómeno local –está estrechamente relacionado con el escenario global de la crisis–, pero la intensidad de sus consecuencias es mucho mayor en nuestro país. En los últimos quince años hemos vivido una expansión del sistema de medios en parte artificial, muy sujeta a las tensiones de la vida política y a la enorme permisividad en la instalación de estructuras carentes de toda lógica comunicativa y profesional. El crecimiento del sector no se corresponde con el que se ha dibujado, en ese mismo período, en las naciones centrales de la Unión Europea.

La polarización política ha trasladado al plano empresarial requerimientos de las estrategias partidistas extrañas a la actividad mediática convencional. Esa relación, desconocida en otros países europeos, ha tenido como aliciente la discrecionalidad gubernamental en la concesión de licencias, el manejo de la publicidad institucional y otras ventajas añadidas que describen una peculiar interlocución entre poder político y poder mediático.

Al calor de los nuevos estándares tecnológicos –por ejemplo, en la transición digital–, el gobierno central y los autonómicos, en ausencia de autoridades independientes, se han convertido en los otorgadores del nuevo horizonte industrial, con resultados que no siempre evidencian la imparcialidad de la acción. Y se ha estimulado la demanda hasta extremos insostenibles, como se pone de relieve en el cuerno de la abundancia de las concesiones municipales de TDT –en Andalucía, la cifra supera a la de Francia–, lo que anticipa el bajo perfil de una apuesta que, con seguridad, no será abordable, salvo que la permisividad tolere, una vez más, el mercadeo con las licencias.

Al tiempo que los grandes grupos establecían sus estrategias expansivas, se producía otro fenómeno, generalmente ajeno a la creación de estructuras mercantiles y profesionales solventes. Nacía el escenario de los llamados chiringuitos mediáticos, en ocasiones a modo de acompañamiento de procesos especulativos o como simples negocios extraños a la cultura de los medios. El sistema se infló en exceso, con un fortísimo empleo precario y, en consecuencia, con una merma de las condiciones laborales, prestigio social y credibilidad de profesiones como la periodística. También han contribuido a ello los excedentes de licenciados de las Facultades de Comunicación. Paradójicamente, la creación de nuevos centros sigue siendo un objetivo de aquellas universidades que aún no cuentan con estos estudios, a pesar de las cifras de paro en el sector.

Cabría sostener que ha sido el crecimiento sobredimensionado del sistema el que ha conducido a su empobrecimiento general. La fragmentación del mercado, con un elevado número de emisores, ha reducido la capacidad productiva en términos de inversión y calidad, sin que tal abundancia redunde en beneficio de la pluralidad, con expresiones cada vez más orientadas a lo que se conoce como cultura tabloide.

La crisis acentuará las contradicciones de un sistema demasiado sujeto a las estrategias del poder político, y deberá, para sobrevivir, hacerse más necesario ante las audiencias y los anunciantes. Quienes resistan el zarandeo de la crisis saldrán reforzados en un escenario más diáfano, del que habrán desaparecido estructuras redundantes y otras de muy bajo perfil que no contribuyen a la pluralidad, ni sostienen soluciones que afecten a la libertad de expresión. Desgraciadamente, se van a destruir muchos puesto de trabajo, y esto es muy grave, porque gran parte de los pasados beneficios se hicieron gracias al empleo precario, pero, a partir de ahora, deberían sentarse las bases de estructuras mediáticas profesionalizadas. Esto es, mejor retribuidas y formadas, sujetas a criterios éticos que, en buena medida, quedaron olvidados durante los años de expansión.

También podríamos asistir, si se acometen los impulsos normativos largamente aplazados, a la racionalización del sistema audiovisual, con un claro deslinde entre los objetivos de los medios públicos y privados, pero atribuyéndole una coherencia general de servicio público y respeto al crecimiento cultural del país, y de atención al derecho a la información y la mejora en los procesos que hacen efectiva la libertad de expresión.
Los medios van a salir de esta crisis tocados en sus economías, pero, además, deberán enfrentarse a un cambio en las demandas de los nuevos públicos, mucho más relacionadas con los consumos digitales multimedia. Por ello, dando sentido a este período excepcional, podría hablarse de una transición hacia soluciones trazadas por la normalización de un sector que es mucho menos elástico de lo que la efervescencia de los últimos años hizo creer.