José Joaquín León Morgado
Periodista. Consejero Editorial del Grupo Joly

La mayoría de los ayuntamientos andaluces, como en el resto de España, están al filo de lo imposible. En los últimos años sufren la crisis con una incidencia mucho mayor que otras administraciones. Cuando se habla del déficit público, a nivel popular, se olvida que el Estado no es sólo el Gobierno central, sino también las administraciones autonómicas y locales. Los ayuntamientos han sufrido con especial virulencia la crisis porque están entre los principales afectados por la burbuja inmobiliaria, que les ha privado de importantes ingresos a los que ya se habían acostumbrado. Las operaciones urbanísticas habían sostenido en gran medida las inversiones de las entidades locales, que de pronto vieron casi cortada una de sus principales fuentes de financiación. Reducir la deuda municipal, cuando se cuenta con menos ingresos, no es tarea fácil. En la deuda reconocida por los ayuntamientos de las capitales andaluzas, a final de 2010, se observan deudas elevadas, que en algunos casos superan los presupuestos previstos para el año 2011. Según esos datos, el Ayuntamiento de Málaga es el más endeudado de las capitales andaluzas, con 712 millones de euros. Le sigue Sevilla, cuya deuda real se estima en 631 millones, aunque la oficial que se presentó era de 518. Sorprende que el tercer ayuntamiento más endeudado sea el de Jaén, con 300 millones, superando a otras capitales con más habitantes. Huelva, con 260 millones; Córdoba, con 248 y Granada, con 240 están en el tramo medio del ránking andaluz de deuda municipal. Cádiz, con 150 millones, y Almería, con 108 millones, son los menos endeudados.

Sin embargo, en la relación de la deuda con el presupuesto previsto para 2011, llama la atención que sean Huelva y Jaén las más endeudadas en términos relativos. En el caso onubense la deuda supondría el 152 por ciento del presupuesto municipal y en el jiennense equivaldría al 125 por ciento. En esos términos relativos, Almería, con una deuda del 56 por ciento de su presupuesto, y Córdoba, con el 50 por ciento, serían las menos afectadas por un endeudamiento que es asfixiante en todos los casos. ¿Qué hacer ante una situación tan desesperada? Es la pregunta del millón. Hasta ahora la mayoría de los ayuntamientos se habían comportado con poco rigor. En las actuales circunstancias, cuando deben vigilar con más seriedad el gasto público, hay que recortar los presupuestos. El de Almería, por ejemplo, será de 180 millones en 2011, con una reducción del 40 por ciento con respecto al año anterior. Esto supondrá, en casi todos los casos, un recorte de las inversiones municipales y un esfuerzo para reducir el gasto corriente. Sin embargo, los gobiernos locales son muy reticentes a disminuir los gastos sociales. Se ha conocido el caso de un ayuntamiento que no es de capital de provincia, concretamente el de Chiclana, que en esta situación de penuria ha aprobado una ayuda de 330 euros para los parados sin prestaciones, después de que el presidente del Gobierno las suprimiera con carácter general. Muchas medidas populistas de carácter local siguen vigentes, por temor a que la supresión tenga un coste electoral. 2011 es un año de elecciones municipales. En la medida de lo posible, los ayuntamientos también se están esforzando en operaciones de venta de patrimonio, que les permita obtener otros ingresos. No es fácil conseguirlos ahora, y además no todos los municipios disponen de un patrimonio adecuado. Por otra parte, la desesperación ha llevado a propuestas extremas, como la del alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, que propuso el pago de una parte de la deuda de los ayuntamientos con el Estado mediante la entrega de suelo municipal. Es decir, algo parecido a la deuda histórica del Gobierno central con Andalucía, pero en este caso mediante el pago de los ayuntamientos al Gobierno central.

La imposibilidad legal de llevar adelante medidas como ésta, o la dificultad para refinanciar las deudas, ha derivado en un colapso de las arcas municipales. En general, los pagos a proveedores se han prolongado aún más. También se retrasa el abono de muchas subvenciones concedidas a instituciones, a veces de interés social, que las necesitan para sobrevivir y para no acumular a su vez otras deudas. Y, en casos extremos, incluso hay problemas para pagar a tiempo las nóminas de los funcionarios municipales. A pesar de las dificultades económicas, se mantienen otros gastos discutibles. Las televisiones locales financiadas por ayuntamientos son un ejemplo de actividad cuestionada. Es cierto que a veces cumplen una importante función de comunicación a escala local, dando mayor cobertura y difusión a fiestas y acontecimientos. Pero, en otros casos, sirven tan sólo para la promoción política de quienes la financian. Suprimiendo televisiones locales no se arregla el problema, pero es un ejemplo de que el ahorro de costes tiene muchas limitaciones que no obedecen sólo a intereses económicos. En todo caso, los ayuntamientos padecen la mala organización del Estado. Cuando se habla de las duplicidades administrativas del Estado de las Autonomías, no se puede olvidar que los ayuntamientos están entre los principales afectados por esa mala gestión burocrática. Es necesario, por tanto, que se clarifiquen las competencias en temas de Educación, Vivienda, Medio Ambiente, Turismo, Comercio, incluso Policía y servicios que prestan más de una administración y que a veces colisionan.

Es posible que sea necesario redefinir y remodelar el Estado de las Autonomías. Pero no se debe olvidar que eso pasa también por una profunda reforma de la Administración Local, con unas competencias clarificadas. Y, por supuesto, pasa porque la financiación municipal esté mejor dotada desde la Administración Central, sin que los ayuntamientos estén siempre al borde de la asfixia, o pendientes de operaciones dudosas. A eso habría que añadir una gestión más sensata y austera desde los ayuntamientos, sin delirios de grandeza que a veces aumentan el gasto sin control, como ha sido el caso de las setas de Sevilla. Sólo mediante un conjunto de medidas pactadas por los partidos mayoritarios, que requieren una gran sensatez, será posible que los ayuntamientos reduzcan sus deudas y vuelvan a la realidad.