Joaquín Mayordomo
Periodista

Durante muchos meses del pasado año, las personas que se acercaban por la plaza de la Encarnación de Sevilla pudieron ver —con asombro, si eran extranjeras—, cómo la gente pasaba sin inmutarse bajo una especie de puente levantado en el centro, desde el que se estaba engarzando la pasarela que uniría las ya famosas setas en el complejo arquitectónico Metrosol Parasol. El asombro extranjero venía dado, no por lo espectacular del andamiaje; tampoco por los nuevos edificios, extraños y confusos, que emergían entre las grúas; sino porque los viandantes hacían caso omiso de las señales contundentes, ¡bien visibles!, que ordenaban que nadie cruzase por allí. Al contrario, las gentes como moscas atraídos por la miel se colaban bajo los andamios tranquilamente. Daba la impresión de que los numerosos carteles que anunciaban, visible y explícitamente, “se prohíbe el paso a los peatones”, eran un acicate más para la trasgresión. El ejemplo es elocuente. El “yo hago lo que quiero” impera en las ciudades estos días. Saltarse una norma es lo habitual. La propia Autoridad incumple las ordenanzas y es frecuente ver en las ciudades andaluzas coches de la policía municipal aparcar en doble fila; a agentes mirar hacia otro lado cuando una moto trucada pasa a todo gas o cuando los dueños de los perro dejan que éstos hagan sus necesidades donde no deben. Una Autoridad, por cierto, que en el ejemplo antes expuesto tiene una de sus sedes en la misma plaza.

El corolario de noticias que a lo largo de 2010 han tenido como protagonista a alguna de las ocho capitales andaluzas, referidas a comportamientos incívicos de sus ciudadanos o a faltas cometidas por éstos o por la Autoridad, en perjuicio del común de la ciudadanía y buen gobierno, es amplio y puede rastrearse, si se quiere, en las webs de los medios de comunicación. La simple enumeración de estos ‘sucesos’ es prolija; a los ya citados más arriba cabe añadir otros como la ocupación consentida del espacio público por los bares; el descuido de calles y jardines o la suciedad en fachadas de comercios grafiteadas. Aunque, quizá, el acto (incívico) más común últimamente ha sido el llamado botellón que, en ciudades como Granada dividió a la ciudadanía y tuvo en jaque a los regidores, mientras que en Sevilla se descubre, a finales de diciembre —véase el Diario de Sevilla del día 26 de ese mes—, cómo el Consistorio se salta a la torera la llamada ley antibotellón y paraliza, presuntamente, la tramitación de 2.281 denuncias. Es decir, se constata una vez más la incapacidad que ciudadanía y gobernantes locales exhiben para asumir deberes, porque, en cuanto a derechos, sí parece que todo el mundo está dispuesto a esgrimirlos como argumento. Deberes que desde nuestra condición político-jurídica tenemos para con nuestros conciudadanos. Un concepto —el de ciudadano— que, en su acepción actual, entierra sus raíces en la Ilustración y que, si bien se nutre de derechos jurídicos, sociales y políticos, la misma necesidad de convivencia que tenemos, amparada en el marco de la ciudadanía, comporta unos deberes.

Deberes, insistimos, que ahora más que nunca se hacen necesarios, y que su cumplimiento reportaría más calidad de vida para todos, como es ese respeto mutuo que empieza a vislumbrarse entre automovilistas, ciclistas y peatones en aquellas ciudades en las que ya se usan las bicis. De todos modos, ya dijo hace unos años el noruego Jostein Gaarder, autor del best seller El mundo de Sofía, que “si el siglo XX fue el de los derechos, este que acaba de comenzar será el de los deberes”. Una afirmación que compartimos, que da pie a este artículo, y que nos sirve de trasunto argumental para la reflexión que pretendemos. Sí, porque, en los treinta y dos años de democracia de este país, una buena parte del discurso político esgrimido por gobernantes y partidos ha sido el que se resume en la palabra “prometer”. Fue Adolfo Suárez el que en aquella famosa comparecencia televisiva, en la campaña de las primeras elecciones generales de 1977, el que acuñó este argumento con su “Puedo prometer y prometo...” Y ahí quedó la frase, congelada para siempre en el inconsciente colectivo. Nuestros políticos llevan tres décadas prometiendo. En cambio casi nunca hablan de deberes; como si no los tuviésemos. No sé si por ese afán de borrar cuanto antes el pasado o por el deseo de ganar votos, que siempre es más fácil conseguir complicidades prometiendo que exigiendo. Pero lo cierto es que hoy en Andalucía —y en España, creo— tenemos una sociedad tutelada (algunos la tildan de inmadura) donde todo parece que ha de dársenos y nada exigírsenos. Serán los tiempos que corren, quizá; aunque de sobra es sabido que el progreso de una sociedad, de una ciudad de ciudadanos en este caso, no se logra sólo con derechos. Ya lo escribió Rousseau, cuando habló de la ciudadanía en su Contrato social y, más concretamente, en el Emilio o de la Educación: “El hombre es bueno por naturaleza...”, dijo. Y de aquí nació la idea de las muchas posibilidades que ofrece la educación para cambiarlo. Así que, practiquémosla y hagámoslo saber a ciudadanos y políticos. Ganaremos todos.