Encarna Maldonado

Noventa y cinco personas sentadas en el banquillo componen la primera foto fija de la capacidad de la Justicia para afrontar la corrupción política. Son los acusados en el caso Malaya: tres alcaldes de Marbella (Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones), 14 concejales del equipo de Gobierno de este municipio hasta que en abril de 2006 se disolvió la Corporación, 38 empresarios y ejecutivos, acusados de pagar sobornos para conseguir favores municipales, 28 abogados y testaferros sospechosos de crear la ingeniería societaria destinada a ocultar y blanquear capitales, cuatro marchantes de obras de arte y artículos de lujo, cuatro funcionarios y Juan Antonio Roca, su mujer y su hija. Sobre ellos pesa la sospecha de haber participado en un cóctel de corrupción política y urbanística presumiblemente orquestada por Juan Antonio Roca, asesor urbanístico de Marbella desde mediados de los años 90. A grandes rasgos las acusaciones sostienen que Roca se encargaba de mantener bajo control la voluntad de los cargos públicos a cambio de sobres que presumiblemente recibía de los empresarios para amoldar la política urbanística a los intereses del mejor postor. Supuestamente parte del dinero lo repartía entre el equipo de gobierno, pero la mayor parte se la quedaba. La Fiscalía Anticorrupción afirma que llegó a amasar un patrimonio de 2.000 millones de euros. El primer éxito que se ha apuntado la Justicia es su capacidad para sentarlos ante un tribunal. La sospecha de que el juicio, dada su magnitud, nunca se podría celebrar fue permanente hasta horas antes de las 10:00 del 27 de septiembre de 2010. Pero aquella mañana acudieron todos y comenzó un juicio excepcional. Excepcional porque se han tenido que invertir miles de euros en habilitar y dotar tecnológicamente una sala con capacidad para albergar a cerca de 200 personas, porque se han destinado refuerzos humanos y materiales para la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que superan a muchos juzgados andaluces y porque se han acordado medidas hasta ahora no vistas, como permitir que la abogada de Roca y la defensa de Julián Muñoz perciban 8.000 y 5.000 euros mensuales en concepto de minutas con cargo a los bienes embargados a ambos acusados para hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria. La vista oral se espera que ocupe gran parte de 2011 por lo que difícilmente podrá haber sentencia a lo largo de este año, en el que, en cambio, sí se podrá detectar si el sistema judicial español es capaz de demostrar la corrupción. Será la segunda foto fija.