Alberto Grimaldi
Director de Europa Sur

Tanto en la anterior legislatura –especialmente durante la campaña electoral de 2004– como en el inicio de la presente, Manuel Chaves, cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía, defendió las bondades que para Andalucía significaba que en Madrid hubiese un “Gobierno amigo”; que un socialista fuese el inquilino de La Moncloa. Sin embargo, en el año 2010, ya con José Antonio Griñán al frente del Ejecutivo autonómico andaluz, hubo bastantes ejemplos de fricciones con un Gobierno no tan amigo. El año pasó por distintas etapas. Podríamos definir la relación como ciclotímica, por más que en el balance final se hayan cerrado varios acuerdos sobre los asuntos que meses atrás habían enfrentado a los gabinetes de Zapatero y Griñán. De hecho, hubo asuntos que se resolvieron de forma que muchas voces, no sólo la oposición, analizaron como una respuesta dañina para la comunidad autónoma. El ejemplo palmario de ello, fue la resolución en falso de la Deuda Histórica. Los gobiernos de Madrid y Sevilla pactaron a finales de 2009 el pago de esta deuda con solares. Tras una oleada de críticas de la oposición, pronto comenzaron en 2010 las discrepancias sobre las tasaciones realizadas sobre los suelos cuya propiedad serían transferidos del Estado a Andalucía.

Pese a que se firmó finalmente el acuerdo, queda el rescoldo de que un derecho reconocido en los dos estatutos de Autonomía que ha tenido Andalucía se ha ejercido usando como moneda de cambio la que cotiza más a la baja en estos tiempos de agua crisis: el suelo. Pero no fue el único conflicto vivido en este año de montaña rusa en las relaciones intergubernamentales. El recorte de las ayudas para el acceso a las viviendas protegidas fue uno de los grandes disensos entre ambos escalafones administrativos. La Junta expresó alto y claro su rechazo a este recorte. Fruto de la apuesta de Griñán de mantener en alto la bandera del mantenimiento de las políticas sociales, incluso después del severo ajuste fiscal aplicado por Zapatero desde mayo. La expropiación de la franja costera de Doñana, dictada en agosto por el Ejecutivo central, provocó que la Junta denunciara una invasión de las competencias que se le transfirieron respecto al Parque Nacional. También en la gestión del litoral, el denominado conflicto de los chiringuitos enfrentó a Andalucía con el supuesto Gobierno amigo. De mayo a diciembre todos estos temas fueron encallando la relación: en vez de un fluido diálogo a velocidad de AVE entre gobiernos supuestamente amigos por su afinidad ideológica hubo más que recelo, especialmente desde Andalucía.

No faltaron análisis –el primero el de Javier Arenas, como líder de la oposición– que interpretaron que Griñán lo que trataba era de distanciarse de un Zapatero que se desangraba en las encuestas, para recuperar precisamente el gobernante andaluz el pulso en los sondeos autonómicos, que por primera vez situaron al PSOE como claro perdedor de unas hipotéticas elecciones celebradas en ese momento. Pero durante el año, esa recuperación del estado de opinión nunca llegó. Ni siquiera después de la remodelación del Ejecutivo hecha por Rodríguez Zapatero, que supuso el principio del fin de la etapa de crispación. La elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente primero fue el desengrasante que terminó por poner sordina el 13 de diciembre a prácticamente todos los conflictos que pervivían durante meses. Rubalcaba, diputado cunero por Cádiz, ha estado en esta legislatura muy encima de los temas andaluces en esta legislatura, especialmente los concernidos a su circunscripción. Con su ascenso a presidente bis, el santanderino se remangó con un Griñán cada vez más incómodo porque Zapatero le arrastra a una probable derrota en su primer asalto como candidato a la Presidencia de la Junta, cargo para el que le eligió el Parlamento como a sus antecesores, pero sin pasar previamente como el cartel electoral de los socialistas. De un plumazo, en una visita al recién reinaugurado Palacio de San Telmo, Rubalcaba ofreció soluciones suficientes como para que la Junta diese por concluidas las hostilidades que había aireado durante todo el segundo semestre del año. Palió el rechazo a la retirada de las subvenciones a las autonomías en materia de viviendas con ayudas para los inquilinos de éstas. Cedió la competencia de gestión del litoral, que se aplicaría desde el primer día del 2011, dejando la regulación de los chiringuitos en manos de la Junta. Al hacer esta cesión, resolvió también de un solo golpe el conflicto sobre el deslinde de Doñana, porque dejaba en manos de la Junta la derogación de la expropiación dictada por el Gobierno central meses atrás.

Y, de propina, ofreció a la Junta un impulso inversor para mejorar la línea de de ferrocarril de altas prestaciones entre Antequera y Algeciras, dos de los nodos logísticos de primer orden de Andalucía. No en vano, una de las apuestas comunes de ambos ejecutivos es lograr que el primer puerto de España logre tener una conexión ferroviaria que le permita competir con el marroquí de Tánger-Med, que recorta año a año la diferencia con el algecireño. El año 2010 se cerró por tanto en Andalucía con el bálsamo Rubalcaba, el remedio político para recuperar la máxima tan pregonada por Manuel Chaves durante años: que Andalucía salía ganado con un Gobierno amigo en Madrid. La cataplasma del veterano ministro montañés no oculta empero que el disenso estuvo mucho más presente que ausente en doce meses marcados por la crisis, los ajustes y la desafección ciudadana hacia ambos ejecutivos.