Joaquín Aurioles Martín
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

Entre otras cosas, el año 2010 pasará a la historia de Andalucía cómo el del desvanecimiento del proyecto de caja única para Andalucía y, con ello, de una de las piezas fundamentales para la vieja aspiración de un mayor protagonismo económico en el conjunto de España. Es frecuente que al resumir la funciones de los bancos en captar depósitos y convertirlos en créditos, lo que lleva a los críticos de la caja única a sostener que para esto no hacen falta entidades andaluzas, sino potentes y eficientes, independientemente de su procedencia. Existe detrás de este planteamiento un notable desprecio hacia otras consideraciones estratégicas a corto y largo plazo, e incluso una cierta desconsideración hacia la importancia de la obra social. Las cajas no distribuyen beneficios entre sus socios, pero retornan una parte de ellos, el remanente después de dotar sus reservas, a la zona donde desarrollan su actividad a través de la obra social, que es, por otra parte, la pieza clave de su fuerte arraigo territorial y uno de sus principales argumentos competitivos. También defienden los críticos que si el objetivo de vertebración exige contar con entidades presentes en la totalidad del conjunto de Andalucía, el problema lo resuelven los grandes bancos y cajas nacionales, e incluso alguna que otra entidad extranjera.

En efecto, las cajas de ahorro que existían a principios de 2010 tenían un marcado carácter territorial, pero ninguna de ellas alcanzaba un nivel de implantación suficiente en el conjunto de Andalucía como para competir al máximo nivel con los principales bancos del país. Es de suponer que, ante la perspectiva de fusiones, el miedo a los solapamientos haya podido frenar cualquier proyecto de ampliación significativa de la red de oficinas, de tal forma que cuando se desencadena la tormenta de fusiones, tras la intervención de CCM, ninguna caja andaluza estaba en condiciones de competir con la banca nacional en el conjunto del territorio. Esta situación habría limitado considerablemente el coste de los solapamientos territoriales en caso de fusiones, de manera que, a la vista del mapa de oficinas, podía afirmarse que el grado de competencia directa entre las cajas de ahorro andaluzas era sorprendentemente reducido, hasta el punto de que en ninguna provincia se producía una situación en la que dos de ellas compitiesen por posiciones de liderazgo. La caja única tenía sentido en Andalucía, al menos por dos razones. Por un lado, porque permitía abordar los problemas de capitalización de algunas entidades con los instrumentos habilitados al respecto por el Banco de España, sin excesivos problemas de solapamiento. Por otro, porque una gestión inteligente del proceso podría haber planteado otros objetivos estratégicos más ambiciosos, como ha conseguido BBK con la adjudicación de Cajasur.

Sin embargo nada de esto ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha fallado? Es de suponer que alguien lo sabe, pero lo cierto es que todo ha resultado desconcertante. Desde la frustración de las negociaciones entre Cajasur y Unicaja, a la aparición de BBK en la caja cordobesa, hasta el desaire de las cajas granadina y sevillana a la Junta de Andalucía, pero por encima de todo se intuye, y aquí nos movemos en el terreno de la especulación, un trasfondo de perversidad en la estrategia del Banco de España. Los objetivos principales de la reforma eran la capitalización de las entidades con problemas de solvencia y la despolitización de su gestión. Para lo primero se facilitaba la integración en un SIP, se permitía la entrada de capital privado y se habilitaba un fondo (FROB) que debería ayudar a recomponer los desequilibrios en las entidades fusionadas. La entrada de capital privado junto con la restricciones a la representación política en los órganos de dirección deberían haber provocado un impulso definitivo hacia la despolitización, pero el planteamiento fue tan tibio que es probable que los estrategas del Banco de España se sintieran defraudados. Un posible remedio sería impedir la fusión de entidades de una misma comunidad, aunque aceptando las excepciones de las vascas y catalanas por la repercusión política del tema. Finalmente, también las cajas gallegas y las castellano-leonesas consiguieron, a base de tozudez por parte de sus respectivos gobiernos autonómicos, superar los múltiples obstáculos aparecidos durante el proceso. La estrategia del Banco de España ha terminado por hacer aguas por varios sitios, obligando a una nueva reforma de la legislación en enero de 2011.

El gobierno ha planeado elevar el “core capital” de las entidades por encima del 8 por ciento con fecha de referencia a 31 de diciembre del pasado año. El plazo para la notificación es a finales de febrero y las que no cumplan tendrán hasta septiembre para corregir la situación. En caso de no conseguirlo, el gobierno intervendrá en la entidad a través del FROB, tutelando su conversión en banco privado durante un periodo máximo de cinco años. La situación por tanto, es la de invitación a que cualquier fondo interesado en sondear las posibilidades de un conjunto de entidades financieras con problemas de urgencia, pueda encontrar una oportunidad de negocio. Nadie sabe que quedará de las cajas andaluzas integradas en SIP, y que terminarán convirtiéndose en bancos privados ligados a intereses de momento desconocidos, pero, con toda seguridad, ajenos a Andalucía. Lo más probable es que, salvo alguna oportunidad estratégica no descartable, la saneada situación financiera de Unicaja le permita seguir existiendo como entidad de ahorro plenamente andaluza, pero será una marca demasiado pequeña en el nuevo mapa financiero español.