Antonio Fuentes

Nadie en la Junta de Andalucía pudo imaginarse en julio que el instrumento destinado a simplificar el frondoso árbol de las empresas públicas iba a generar una escalada de protestas capaz de arrancar de cuajo la paz social en la Administración y poner en pie de guerra a un gremio tradicionalmente poco propenso a la protesta y el enfrentamiento con el poder. El decreto ley 5/2010 nació forzado por las exigencias de la UE a los estados miembros de reducir el déficit público, un plan que asumieron al alimón las comunidades. Acuciada por las perpetuas críticas a la externalización de los servicios públicos de la era Chaves, con un entramado de empresas públicas creadas al albur del derecho privado y con un mayor pellizco cada años en los Presupuestos, el Ejecutivo de José Antonio Griñán decidió meter mano para recomponer las piezas y evitar duplicidades en la funciones. El ahorro logrado con el recorte del 43 por ciento de las empresas y la creación de 14 nuevas agencias procedería sólo de la supresión de 180 puestos directivos, unos 110 millones, y se dejó claro que en ningún caso los trabajadores se quedarían sin empleo. Con ese discurso se aprobó y pasaron las vacaciones, pero en septiembre la bomba estalló: ¿cómo iban a entrar en la Función Pública los 20.000, 25.000 o 40.000 trabajadores – ni la Junta lo tenía claro- de las empresas públicas sin el acceso debido de publicidad, mérito y capacidad? Aquí comenzó la rebelión de los funcionarios contra la entrada de los ‘enchufados’, prietas las filas, y respaldados por el personal laboral, los interinos, los opositores y… los grupos de la oposición, PP e IU.

Comenzaron los recursos judiciales, las acampadas, las pitadas, luego las manifestaciones, se tomó la calle; surgieron plataformas de funcionarios con Internet como arma, células en las consejerías, mientras los sindicatos, todos, se ponían a favor de la marea. La Junta, personificada en la consejera de Hacienda y Administración pública, Carmen Martínez Aguayo, se mostró firme y achacó las protestas a un problema de comunicación. Como primera medida, se creó un portal web de información para dudas y sugerencias. Insuficiente. Porque al decreto había que sumarle otros factores coyunturales que iban más allá de un texto pulcro, presumiblemente constitucional y que mantenía las condiciones laborales intactas de los afectados. De forma difusa, se dibujaban los recientes recortes al sueldo de los funcionarios en un 5 por ciento, tanto como unas inminentes elecciones sindicales que pusieron en escena a los diferentes sindicatos. La Junta varió el rumbo y llamó a los sindicatos de clase, con los que se iba a renegociar el decreto en el marco de la concertación. Los demás (CSIF, Sindicato de Funcionarios, Ustea, USO), quedaron fuera. Se pactaron pequeños detalles, “flecos” los llamó Martínez Aguayo, pero el espíritu quedaba intacto. No fue suficiente y el bando enemigo para los contrarios al decreto sumó a CCOO y UGT. Se llegó a presentar en bandeja de plata la cabeza del secretario general de la Función Pública, José Antonio Ortiz Mallol, el padre del decreto. Pero tampoco sirvió. Hasta que la Junta tuvo que dar una patada hacia delante. Ejecutado el 5/ 2010, nacería el 6/2010 con las aportaciones de CCOO y UGT y ya como proyecto de ley para su debate en el Parlamento, donde todos, sindicatos contrarios y oposición, aportasen sus propuestas. Las agencias previstas para el 1 de enero quedaron pospuestas a julio, una vez pasadas unas elecciones municipales que se antojaban peligrosamente protagonizadas en la calle por el polémico decreto ley de reordenación de las empresas públicas de la Junta, el decreto de la rebeldía.