Jerónimo Molina
Director del Instituto de Estudios de la Fundación Cajamar

Una de las características que más diferencia a los agentes económicos es su enfoque de corto o largo plazo a la hora de tomar decisiones. No cabe la menor duda que aprovechando al máximo las coyunturas favorables se pueden obtener, en el corto plazo, resultados más llamativos que si se opta por perseguir objetivos a un plazo más largo. En todo caso es evidente que los comportamientos de hoy condicionarán claramente nuestro futuro. La prudencia en el gasto, el ahorro o las inversiones productivas, han sido valores apreciados por nuestra cultura durante años o siglos. Sin embargo, en los últimos tiempos estos conceptos parecían olvidados y, en cualquier caso, contrarios a los patrones requeridos por la nueva economía. La moda cortoplacista que ha afectado a todos los países, ha tenido una aplicación muy intensa en el nuestro y, en particular, en Andalucía. En los primeros años del nuevo siglo, Andalucía ha sido de las regiones de España y de Europa que más ha crecido en términos de valor añadido y de empleo.

Pero nuestro crecimiento se ha realizado sobre esquemas de corto plazo, generando un modelo basado en un continuo incremento del gasto en consumo y en compra de viviendas, muy superior a las rentas generadas. Evidentemente la única forma de gastar más de lo que se ingresa es recurriendo al endeudamiento. Las entidades financieras incapaces de captar depósitos suficientes para atender las demandas crecientes de créditos, hubieron de acudir a la financiación exterior. Las consecuencias son de sobra conocidas, cuando estalla la crisis en 2008 y se retraen los mercados financieros internacionales, se produce el colapso en nuestro frágil modelo de crecimiento. Hoy la salida de la crisis se ve lastrada precisamente por el servicio de la deuda acumulada durante los años de expansión, tanto en el sector público como en el privado. El pago de la deuda condicionará a medio plazo el consumo y la inversión, limitando significativamente las posibilidades de crecimiento. Desgraciadamente se han vuelto las tornas y al igual que fuimos los que más crecimos en términos de valor añadido y de empleo, hoy las tasas de actividad y paro de la economía andaluza son de lo más desalentador. Pero quizás la consecuencia más grave de la política cortoplacista sea no haber aprovechado los años de bonanza para realizar las inversiones necesarias que hubieran permitido mejorar la productividad de la economía andaluza. Si analizamos lo ocurrido desde el lado de la oferta, vemos cómo la crisis actual también ha dejado al descubierto la debilidad del tejido productivo andaluz, cuyo máximo exponente es la baja competitividad relativa. En Andalucía, el modelo de crecimiento de los primeros años del siglo XXI se ha basado en actividades de escaso valor añadido y elevada demanda de mano de obra, como la hostelería y, sobre todo, la construcción. En consecuencia, la caída de la actividad ha repercutido muy intensamente en la parte más débil de nuestro mercado laboral. El incremento de la productividad es un objetivo estratégico fundamental, e implica una tarea de medio y largo plazo, para la que son imprescindibles reformas de naturaleza estructural en campos básicos tales como la educación, la investigación tecnológica o la energía.

En todo caso, para lograr avances significativos en esta dirección es imprescindible renunciar a la política de confrontación permanente entre los representantes políticos e institucionales y anteponer el interés general sobre los particulares. En definitiva, abordar las reformas necesarias, tantas veces aplazadas, desde la óptica de la eficiencia y no desde los intereses de parte. Consecuencia de lo anterior, en los últimos tiempos se ha venido produciendo un deterioro palpable de la función pública, debido a que, para el acceso a los puestos de responsabilidad, se ha supeditado la hoja de servicios y los méritos del funcionario a la carrera del político. Este fenómeno ha fomentado la desmotivación y la apatía entre los profesionales de la función pública, que es cada vez más evidente en ámbitos tan decisivos como la Justicia, la Educación, la Sanidad y en general, las Administraciones. Podemos decir que la crisis de la sociedad andaluza y española, no es sólo de índole económica, sino que ésta ha sobrevenido sobre una crisis institucional que alcanza a la política y a sus relaciones con la sociedad. Las consecuencias de este ciclo de crecimiento por su orientación cortoplacista nos ha legado un sector público sobredimensionado con un fuerte componente intervencionista donde, para los agentes económicos, prima más la búsqueda de la concesión administrativa que las soluciones basadas en competir de manera eficiente en los mercados. Después de tanto hablar de economía sostenible y del legado que dejamos a las futuras generaciones, resulta que en la práctica cotidiana, son los especuladores y los políticos los que tienen objetivos de corto plazo, unos marcados por el beneficio inmediato y los otros por las fechas de las elecciones. Pero si queremos aprovechar las enseñazas de la crisis y poner en valor el enorme potencial de la economía andaluza hemos de pensar que lo que ahora toca es trabajar, apretarnos el cinturón y pensar de verdad en el futuro. La fiesta ha terminado.