Alberto Grimaldi
Director de Europa Sur

En 305 años de contencioso caben muchos que pasan sin que nada altere el status quo. 2009, empero, ofreció un hecho que es histórico sin temor a caer en la grandilocuencia. Por primera vez, un canciller español visitó de manera oficial Gibraltar y lo hizo para hablar de cooperación, de mejora de las relaciones, con las autoridades de la colonia y el Gobierno del Reino Unido. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación acudió a Gibraltar el 21 de julio para participar en la reunión ministerial del Foro de Diálogo que, por turno rotatorio, allí se celebraba. Su presencia en sí ya es un hecho excepcional en tres siglos, pero sin duda el verdadero hito fue que allí, ante decenas de medios de comunicación y, lo que es más relevante, ante su homólogo británico, David Miliband, y el ministro principal del Peñón, Peter Caruana, Miguel Ángel Moratinos dijo alto y claro que la recuperación de la soberanía de la Roca es irrenunciable para España.

La política puesta en marcha bajo su dirección –ha sido el único ministro de Exteriores que ha tenido Rodríguez Zapatero en cinco años de gobernación– precisamente había sido hasta entonces evitar la cuestión de la soberanía, si es que ello es posible, y centrarse en el diálogo de las cuestiones que hiciesen más fácil la vida del área: campogibraltareños y calpenses. La concreción más evidente de esa política han sido los Acuerdos de Córdoba, en septiembre de 2006, que han permitido desbloquear asuntos colaterales al contencioso enquistados durante años. Sin embargo, el ministro español, muy criticado por la oposición por su presencia en la colonia de la pérfida Albión, no dudó usar la cita del Foro para reclamar que el Peñón es una parte cedida indefinida pero temporalmente al Reino Unido, pues éste ha de revertirlo a España si lo abandona en virtud del Tratado de Utrecht. Y que esa reclamación es permanente.

El momento para hacerlo tampoco era sencillo, puesto que aunque se tratase de una reunión convocada con el objetivo de cooperar, lo cierto es que 2009 no fue un año que estuviese exento de tensión soberanista más que territorial, pues la disputa fundamental giró en torno a las aguas que circundan la Roca y que Gibraltar reclama como de su dominio. El debate político fue especialmente intenso y los incidentes cada vez más frecuentes desde que los diarios del Grupo Joly desvelaron a finales de febrero la inscripción en el listado de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) –una figura de protección medioambiental de la Unión Europea– de un espacio atribuido a España que se superponía a otro de menor superficie anteriormente inscrito por el Reino Unido. El español bajo la denominación Estrecho oriental y el británico bautizado como Southern Waters of Gibraltar.

La reacción de las autoridades de Gibraltar no se hizo esperar y durante varios meses se sucedieron incidentes entre las embarcaciones de la policía yanita y la Royal Navy con embarcaciones españolas, especialmente las lanchas del Servicio del Mar de la Guardia Civil, alguna de las cuales llegó a ser encañonada.

Los momentos más graves se vivieron tras conocerse que una patrullera de la armada británica hizo prácticas se tiro usando como blanco un banderín de la OTAN cuyos colores coinciden exactamente con los de la bandera española y tras extralimitarse unos guardias civiles en la persecución de unos sospechosos de narcotráfico hasta llegar a desembarcar en suelo del Peñón. Ambos episodios, acaecidos en las últimas semanas del año, provocaron que cada Ejecutivo pidiera disculpas al otro. Los británicos lo hicieron a través de su Embajada en Madrid y España con una llamada del ministro del Interior y diputado por Cádiz, Alfredo Pérez Rubalcaba, al ministro principal.

La cuestión de la soberanía de las aguas es tan compleja como otras vertientes del contencioso. España defiende que la Paz de Utrecht sólo cedió la aguas interiores del puerto, pero de facto deja que una parte de la Bahía de Algeciras esté bajo control exclusivo de las embarcaciones británicas. Y nuestro país ha firmado tratados internacionales que reconocen que cualquier territorio costero da derecho a soberanía sobre las aguas. Pese a que existe una sentencia del Tribunal Supremo español que niega la existencia de aguas gibraltareñas, España nunca ha llevado esta cuestión a otras instancias internacionales.

El año terminó también con la Union Jack flameando en la Roca, al igual que cada año desde 1704, pero seguramente con el convencimiento del Gobierno español que en su gestión no puede limitarse a dejar a un lado del tablero la cuestión de la soberanía por muy necesaria que sea la profundización en las políticas de buena vecindad.

España no puede limitarse a que la cita anual ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas sea una rutina en la que cada parte mantenga su posición. Antes al contrario, mientras se construye una Europa cada vez más grande y vertebrada institucionalmente es hora ya de que dos socios de la Unión terminen con fórmulas imaginativas y oyendo a los principales afectados, los habitantes de Gibraltar y su Campo, con este anacronismo.