Cuando en 2006 se diseñó la llamada Ley de Dependencia, ninguno de sus impulsores pareció imaginarse la gran cantidad de personas dependientes que habitan en territorio nacional. Pronto, recién dados los primeros pasos, la memoria que recogería aquellas iniciales previsiones quedó desfasada. En Andalucía, dinamitadas. Tres años después del inicio de la aplicación de la ley, más de 300.000 andaluces han solicitado recibir una prestación, están en su derecho, y la Junta de Andalucía, comunidad cooperante, asume que la cantidad presupuestada cada año para este fin va a ser rebasada cada ejercicio en al menos 200 millones de euros. Es su obligación. Durante el año 2009, se registró en la comunidad la cifra récord de más de 100.000 beneficiarios con derecho, lo que deja el balance desde el inicio de la ley en 189.000 titulares de una ayuda. Todos con los grados más graves de dependencia según el calendario de la ley, grandes dependientes y severos.

Dos titulares destacan. Uno, que Andalucía es probablemente la única comunidad, quizá con Cataluña, que parece haberse tomado en serio esta ley. Madrid apenas tiene dependientes en los registros –alega que sus ciudadanos reciben prestaciones sin necesidad de encajarlos en el sistema– y Murcia tiene nueve veces menos beneficiados que una única provincia andaluza, Jaén, que no es la que más tiene. El color de los gobiernos influye en que Andalucía, la más poblada, haya tomado el liderazgo de la gran apuesta social del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar tras los avances en educación, sanidad y pensiones. El color influye, pero es innegable el compromiso y esfuerzo del Gobierno andaluz. Uno de cada tres españoles que se acoge a la ley procede de esta comunidad, el doble de su peso poblacional en el conjunto del Estado.

Y otro titular destacado sería la progresiva corrección de los fallos de la ley, algunos bochornosos, que hacen pronosticar que, un día, la maquinaria de la Ley de Dependencia pueda ser cuasi perfecta y atender a la población dependiente sin insufribles esperas y con los recursos adecuados, todo cuando se trabaja con el frágil material de personas con necesidad de una ayuda. En el éxito de ese engranaje Andalucía lleva ventaja por iniciarse antes y servirá de referente, siempre que no desespere con la puesta en marcha del complejo encargo.

En este pasado año, las quejas de las familias se han ido apagando en cuanto a los plazos de espera para recibir una ayuda. De un año y sin noticias, la Junta ya garantiza que en seis meses el paciente ya ha sido valorado y se ha determinado cuál es la ayuda que más le conviene. Luego la familia, atendiendo o no el criterio del profesional, decide qué necesita el familiar.

A últimos de año se advertían síntomas de mejora en otro de los obstáculos en la aplicación de la ley. El espíritu de la ley es dispensar un servicio en el entorno más próximo del afectado, no que el dependiente reciba una subvención, pero su desarrollo no ha ido por esa tendencia y las prestaciones económicas llegaron a superar en su conjunto a los servicios que se dan en una ayuda a domicilio, teleasistencia, una plaza en una residencia o en un centro de día. La tendencia comienza a variar hacia la red de servicios sociales, que cuenta con los servicios suficientes. En Andalucía hay plazas vacías en residencias, aseguró al hacer balance Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social. La Junta optó en 2009 por suprimir los 45 días de vacaciones a los cuidadores informales, salvo excepciones, para seguir corrigiendo la tendencia. Queda como caballo de batalla convencer al Gobierno de que priorice el criterio del profesional al del familiar, pero esa intención de la Junta parece ser un arreglo complicado.
La Administración andaluza comienza a asumir la gran marea de dependientes y mitiga las numerosas quejas que levantó el inicio de la ley, muchas veces sin comprensión a que se encontraba en despegue y exigiéndose como un derecho consolidado.

Pero aún hay mucho margen de mejora. Nada se conoce de la prevención de la dependencia. Ninguna administración ha incentivado la autonomía del dependiente, enfocado en la atención y los cuidados. La creación de empleo es otra de las sombras de la ley. Se conocen los 1.500 profesionales directos de la Junta, pero nada de los indirectos, ni cuántos, quiénes y con qué formación están atendiendo a los dependientes.

Y queda sobre todo la disponibilidad presupuestaria de una ley que parece no tener fondo y la corresponsabilidad del Gobierno, que apenas destina en Andalucía un tercio de lo que cuestan los dependientes a los andaluces. Asuntos a resolver antes de que a partir de 2011 se sume progresivamente el último escalón de dependencia y, a priori, el más numeroso, los moderados, quienes de no ser gestionados con éxito pueden romper los diques de una ley que, parece, sólo Andalucía se esfuerza por levantar.