Fernando Faces
Profesor del Instituto Internacional de San Telmo

A pesar de la solvencia del sistema bancario español, la profundidad y la capacidad de contagio de la crisis financiera internacional, unido a la alta morosidad derivada del grave deterioro del tejido productivo, el excesivo peso del crédito inmobiliario (especialmente el del promotor) y el alto endeudamiento de las familias y las empresas, determinan que las entidades financieras se enfrenten al gran reto de la supervivencia,
Tanto el Banco de España como los mercados financieros se reafirman en la opinión de que el Sistema Financiero Español está sobredimensionado en número de entidades, oficinas y empleados y que, por lo tanto, es necesaria una reducción de su capacidad productiva mediante su reestructuración. Existe la opinión generalizada de que los activos inmobiliarios que respaldan las hipotecas están sobrevalorados y que por lo tanto persisten minusvalías latentes que todavía no han aflorado. El foco de atención se centra en las cajas de ahorro, tanto en lo referente al exceso de capacidad productiva como en las minusvalías no afloradas, cuando en realidad la problemática afecta a todo el sector bancario.

La falta de información y transparencia está teniendo un efecto desolador sobre la totalidad del Sistema Bancario Español, los mercados financieros no han discriminado suficientemente la distinta situación de solvencia de cada una de las entidades financieras, cuando en realidad nunca ha sido tan heterogénea la estrategia de riesgos seguida por cada una de las entidades, existiendo una gran dispersión tanto en la solvencia como la morosidad dentro del conjunto  de bancos y de cajas de ahorro. De lo que no cabe duda es que hasta que no se afloren la totalidad de las minusvalías y no se les haga frente mediante procesos de capitalización o cesión de activos tóxicos, el Sistema Financiero Español no funcionará con normalidad y el crédito no fluirá hacia las familias y las empresas, impidiendo el despegue del consumo, de la inversión y por lo tanto de la creación de empleo.
Tras dos años perdidos, en los que la banca europea y americana han hecho los deberes del saneamiento y la capitalización, por fin parece que Bruselas ha dado el visto bueno al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con un plazo límite para su utilización de seis meses. Durante todo este tiempo hemos asistido a un compulsivo movimiento, incipiente y desordenado, de proyectos de fusión en el sector de cajas de ahorro, mediante proyectos tradicionales de fusión o absorción o bien mediante fusiones “frías” o “virtuales” (SIP); modalidad por la cual se comparten y cruzan las garantías de solvencia y liquidez, así como las políticas de riesgo, sometidas a una gestión integrada y única ante los mercados y las autoridades monetarias, creándose una superestructura por encima de las cajas con licencia bancaria sometida a la normativa del banco central, permaneciendo los órganos de gobierno, estructuras directivas, sedes sociales y marcas de cada una de las cajas.

Solución un tanto artificiosa que ha sido concebida para eludir las competencias de las comunidades autónomas en los proyectos de fusión interregionales, pero que no aporta ningún valor diferencial sobre las fusiones normales, al no permitir los necesarios procesos de reducción y reestructuración, no existiendo economías de escala, al crearse una innecesaria superestructura de planificación, coordinación y control, además del riesgo de desvirtuar la naturaleza jurídica de las cajas. Las SIP sólo tienen sentido si constituyen una etapa transitoria hacia la integración total. El mapa resultante de todo este proceso va a ser un tanto pintoresco, con fusiones regionales e interregionales, fusiones “frías” y “calientes”, un mapa irreconocible ya que en tan sólo unos meses más de la mitad de las cajas se han visto inmersas en proyectos diversos de integración.
Las cajas andaluzas también han iniciado el camino de la integración. Tras una década de intenso crecimiento por encima de la media nacional, con un potente desarrollo tecnológico,  una apreciable mejora de la eficiencia y de la rentabilidad y una creciente obra social, afrontan el reto de la adaptación al nuevo escenario que emerge tras la crisis financiera en unas condiciones de solvencia y morosidad mejores que la media nacional, con alguna excepción. La existencia de dos cajas fuertes, Unicaja y Cajasol, colocadas por este mismo orden, entre las cajas mejor situadas en términos de solvencia, calidad crediticia y tamaño, facilita el proceso de reestructuración del sector de cajas andaluzas, tanto si se acomete un proyecto intrarregional como interregional. La alternativa elegida, fusión intrarregional en torno a Unicaja de Cajasur y Caja de Jaén, y fusión interregional de Cajasol y Caja Guadalajara, tiene el valor de haberse fraguado una sólida y necesaria fusión intrarregional, permaneciendo en ambos casos las sedes sociales en Andalucía, y de haber evitado al mismo tiempo la tentación de adoptar esa extraña arquitectura institucional de los denominados Sistemas de Protección Institucional (SIP).

No obstante, el proyecto aparte de incipiente está incompleto. Sería deseable que la Caja de Granada se uniese a uno de los dos proyectos en marcha. Abordar en solitario un proyecto interregional cada vez va a ser más difícil y sumarse a uno de los proyectos SIP interregionales ya en marcha quizás no sería lo más deseable. Continuar en solitario, a corto plazo no es imposible, pero seguramente cada vez más difícil y en todo caso a contracorriente de las tendencias del mercado financiero y de las crecientes exigencias de las autoridades monetarias.

 Pero quizás lo más importante no sea el camino elegido sino la meta o destino, que no es otra que garantizar la supervivencia y progreso de las cajas de ahorro, instituciones que han sido pilares fundamentales del incremento de la competencia en el sistema financiero, del acceso a servicios de calidad y tecnológicamente avanzados de las familias y las pequeñas empresas, de la eliminación de la “exclusión social” y del desarrollo y bienestar económico regional y nacional. Una “especie financiera” por lo tanto única, para algunos a extinguir  y para otros a preservar y difundir, que ha sabido adaptarse durante 200 años a los escenarios económicos, políticos y sociales más diversos y cuya desaparición no beneficiaría ni a las familias ni a las empresas, aunque quizás si a sus competidores financieros, los bancos.