José Vallés / Ana María Cazallo
Catedrático de Política Económica. Universidad de Sevilla / Becaria de Investigación

Desde una perspectiva macroeconómica y según el informe sobre la Situación de Deuda Viva de las Entidades Locales a 31 de diciembre de 2008 presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda bancaria de las EE.LL. asciende a 32.030.233 euros de los que 26.128.000 euros pertenecen a los Ayuntamientos y el resto a las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares. En el mapa de la página siguiente se representa el importe de la deuda bancaria de los Ayuntamientos por habitante situándose la Comunidad de Madrid a la cabeza con un nivel de endeudamiento de 1.247,23 euros por habitante mientras que Andalucía se sitúa por debajo de la media. El ratio de deuda bancaria por habitante es un indicador de la capacidad de endeudamiento bancario de los ayuntamientos para actuar ante la crisis económica; sin embargo, es ya una realidad que durante el año 2009 el “colchón” del superávit público se ha desinflado debido al descenso de los ingresos procedentes del sector de la construcción principalmente al incremento del gasto en las prestaciones y los servicios públicos prestados. El reparto de la deuda de Andalucía sobre la población le favorece al ser la comunidad más poblada. A nivel provincial o de capital de provincia, Málaga es la que posee un mayor nivel de endeudamiento por habitante a pesar de no tratarse de la capital regional teniendo un mayor nivel de endeudamiento y una menor población que Sevilla. En el otro lado de la balanza, a nivel provincial, se sitúan las provincias de Huelva con un nivel de deuda total de 230.679.000 euros y Granada con un nivel de deuda por habitante de 357,78 euros/habitante, mientras que la capital almeriense es la que tiene menor deuda total. Sevilla ocupa un lugar intermedio, con más de 600 euros de deuda por habitante. En cualquier caso en todas las provincias andaluzas el ratio deuda por habitante es inferior a nivel provincial que a nivel de capital de provincia. Estos datos no incorporan la deuda no financiera, de carácter comercial, ni tampoco los efectos de la crisis en las finanzas locales del bienio anterior.

Un síntoma más de esta crisis polifacética implica que, junto a la deuda bancaria, es el incremento de la deuda que las entidades locales tienen con los proveedores la que más ha aumentado. Nos encontramos ante una administración pública deficitaria, incapaz de hacer efectivo sus pagos y que traslada al grupo de proveedores su déficit financiero mediante el aplazamiento en el pago de las facturas. Desgraciadamente son cada vez más comunes las noticias relativas al cierre de empresas o situación extrema de empresas que siendo solventes tienen graves problemas de liquidez derivados del aumento del periodo de cobro de la factura de la administración pública y la incapacidad del sector financiero español de hacer efectivo las deudas procedentes de la administración pública. Si analizamos esta situación la realidad es cuanto menos surrealista, ya que ningún agente económico (administración pública, empresa y sistema financiero) cumple con su cometido dentro del sistema económico, y lo único cierto es que todos los agentes pierden y el servicio público se deteriora. Algunas estimaciones situarían el volumen de deuda comercial en las capitales de provincia andaluzas en un tercio de la deuda bancaria.

A pesar de todo, la capacidad de actuación frente a la crisis por parte de las entidades locales no se limita a la capacidad de endeudamiento bancario, ya que existen otras alternativas como la subida de impuestos o la mejora en la gestión pública que conllevarían a una mejora de la situación económica. De la utilización de estas dos alternativas se desglosarían dos modelos de actuación de la administración pública. Suponiendo la eficacia de los dos sistemas, encontramos diferencias:

a) La subida de impuestos: Esta medida se consideraría de carácter coyuntural y que actualmente podríamos denominar como una “huída hacia delante” en la que no se resolverían los problemas reales que se han ido generando a lo largo de todo el periodo de bonanza económica. Una postura pasiva por parte de la administración pública que la situaría muy lejos de contribuir a la creación de un nuevo sistema sostenible y que encubriría los problemas reales de la economía española –destrucción de empleo, caída de la actividad y descenso de la renta disponible de las familias. Además, dentro de este contexto es posible que la subida de impuestos no se traduzca en una subida de la recaudación tributaria. 

b) Mejora en la gestión: Esta es la alternativa que se defiende en este artículo ya que la mejora de la gestión es sinónimo de ahorro, elemento clave en la situación actual y que además permite avanzar en el proyecto de administración pública moderna, donde el despilfarro y los costes burocráticos no existen o se reducen considerablemente. Dentro de la gestión interna de la Administración Pública, la introducción de técnicas de gestión propias del sector privado dentro del sector público, como el control de gastos, los presupuestos por programas, el desarrollo de las técnicas de dirección, la dirección por objetivos, etc. son sin duda una alternativa a tener en consideración por parte de las administraciones públicas para conseguir mejorar la eficiencia y por consiguiente reducir el gasto público. Dentro del gasto público, el suministro de los servicios públicos es sin duda una pieza clave donde se debe seguir avanzando, promoviendo la interacción entre los agentes privados como suministradores u operadores de estos servicios a través de lo que denominamos la gestión indirecta o mixta reduciéndose la carga de la Administración Pública.

A modo de conclusión, y siendo conscientes que el horizonte próximo pasa por el cumplimiento del principio de estabilidad de las finanzas públicas y que precisa de la incorporación de medidas estructurales que supongan cambios estructurales, en los que el sector privado cobre mayor importancia consolidándose dentro de un sistema económico mixto en que ambos actores interactúen y cumplan con las obligaciones derivadas de las relaciones entre los agentes en tiempo y forma. Un modelo que cumpla los parámetros de una economía sostenible basada en la conjunción de la eficacia y eficiencia en la gestión, promoviendo la colaboración público-privada y la privatización de los servicios públicos introduciendo cambios y mejoras dentro del nuevo modelo concesional de los servicios públicos. Un modelo sobre el que se desarrolle el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para lo que es necesario conciliar el desarrollo económico, social y ambiental con el objetivo de defender una economía productiva y competitiva que promueva la creación de empleo de calidad. A nivel regional, desde la Junta de Andalucía con la aprobación de planes estratégicos como el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, de la importancia y la necesidad de creación de un modelo económico mixto en el que las administraciones públicas proporcionen los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para la promoción de la colaboración público privada como herramienta para la financiación de proyectos, inversiones y suministro de servicios públicos. Nos encontramos ante la necesidad de un cambio de modelo económico, a la vez que complejo, en el que se precisa de un alto nivel de compromiso por parte de todos los agentes económicos. La prestación de servicios públicos en cantidad y calidad está en juego.

A pesar y junto a todo lo anterior, desde la administración pública en cualquiera de sus ámbitos, pero sobre todo a nivel local, se debe promover una política de austeridad reduciendo el gasto corriente hasta dimensiones razonables de las distintas partidas presupuestarias, como medida de ahorro interno y de credibilidad ciudadana.