La crónica sanitaria andaluza de 2008 empezó en marzo, después de las elecciones. Basándose en un programa de continuidad en la estrategia pero de recambio de equipos en la gestión, ésta es la legislatura en la que María Jesús Montero quiere llevar a cabo un programa de actuaciones del que se siente responsable al ciento por ciento. La primera propuesta de la Administración sanitaria fue la regulación de la denominada muerte digna en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). Aunque el proyecto normativo andaluz se circunscribe a los límites de la legalidad vigente, su entrada en escena ha abierto una cata de sondeo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad (y, por supuesto, el PSOE), para pulsar el estado de opinión de la ciudadanía sobre la eutanasia y el suicidio asistido, asuntos a los que no hace referencia el proyecto de ley andaluz, que aún no ha sido debatido en el Parlamento autonómico. Junto a esta propuesta, la actualidad sanitaria andaluza de 2008 vino marcada por algunos logros médicos (más o menos espectaculares) en centros públicos, como la identificación de un gen vinculado a una forma de ceguera hereditaria o el nacimiento de un bebé medicamento (el primero cuyo proceso, desde la concepción, ha sido seguido en España), ambos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En el terreno de los proyectos asistenciales, destacan el surgimiento desde las bambalinas de la política sanitaria de la idea del tercer hospital para Málaga y la presentación en sociedad del nuevo Hospital Universitario Puerta del Mar, de Cádiz. Cabe destacar también la continuidad de los proyectos constructivos ya planificados para crear más dispositivos Chare, de alta resolución, que den cumplimiento a la promesa de Chaves de ubicar un dispositivo hospitalario a menos de 30 minutos del ciudadano andaluz más alejado. En un año presupuestario que ya anticipaba la crisis (y en el que, de paso, se plantearon los primeros debates en torno a la definición de un nuevo modelo de financiación sanitaria), aparecieron las primeras señales de alarma en cuanto al recorte de gastos en la sanidad pública andaluza: la no renovación de contratos eventuales a un grupo de médicos de Granada (en principio, según la Consejería de Salud, por un error informático) despertó la desconfianza de los afectados, avivó las quejas sindicales y suministró tarea a la oposición parlamentaria. A día de hoy, el futuro de miles de empleados sanitarios que trabajan con contrato temporal en centros públicos sigue pendiente de resolver, aunque ya se ha anunciado que 5.068 de ellos tendrán plaza fija.