ANDRÉS SÁNCHEZ PICÓN
Profesor de Historia e
Instituciones Económicas
de la Universidad de Almería

Parafraseando a Marx y Engels, un fantasma recorre Andalucía: el localismo. Aunque su carácter espectral lo hace relativamente invisible y apenas se encarna políticamente (salvo en algunas plataformas "independientes" que han llegado a tener significación en ámbitos municipales, en especial del litoral andaluz), la defensa de los supuestos intereses de las localidades e incluso de las provincias, frente a lo que se valora como imposiciones del gobierno andaluz, no deja de aparecer en el escenario político regional. Como recientes capítulos a añadir por quienes compilan memoriales de agravios, las discusiones encendidas por el proceso de configuración de una Caja única para la región y la determinación de su sede principal (Málaga o Sevilla) o por el traslado de la administración hidrológica. Nuevas pugnas a sumar al ya largo enfrentamiento entre élites locales, y que es seguido, por otro lado, desde el resto de Andalucía, desde la periferia de los polos del poder político y económico, con un interés perfectamente descriptible.

Hace ya tiempo que se disipó el entusiasmo fundacional de la autonomía andaluza y, según nos confirman estudios sociológicos recientes (Economía y Sociedad Andaluza, Fundación Centra, 2004), a lo largo de este último cuarto de siglo se ha producido un reforzamiento de las identidades locales que, no obstante, conviven con una generalizada, aunque más tibia, aceptación de la identidad andaluza.

El impulso coincidente con el inicio de la doble transición española (la reforma política y la territorial: del centralismo al Estado de las Autonomías) vino sostenido por el afán de redimir a Andalucía de una situación de postración y atraso económico. La conciencia del subdesarrollo y de los déficit en la dotación de equipamientos e infraestructuras alentó la reivindicación autonómica y la reafirmación identitaria. Hoy, treinta años después de los primeros pasos autonómicos, el avance en la provisión de equipamientos y bienes públicos (en redes de transporte, educación, protección del medio ambiente, desarrollo rural, promoción cultural…) ha sido extraordinario, aunque insuficiente para propulsar a la región a una mayor velocidad en la senda de la convergencia con las comunidades y regiones más avanzadas de España y la Unión Europea.

Por otro lado, en contra del fortalecimiento de la identidad andaluza han conspirado de antiguo la geografía, la historia, la dinámica económica y social; y, más recientemente, la política. La geografía, porque, como ya dijera el maestro Bosque Maurel, frente a una unidad basada en un evanescente espíritu y en algunas referencias históricas, la extensión del solar regional da lugar a la existencia de varias Andalucías, en particular la Alta y la Baja, la Oriental y la Occidental, reforzadas por un devenir histórico diferente, desde el momento de su incorporación a la Corona castellana (dos siglos de diferencia entre una y otra zona) pasando por las características del proceso repoblador, tras la operación de limpieza étnica y cultural acometida en los territorios conquistados y por la dilatada historia de los cuatro reinos (hasta el siglo XIX) y las ocho provincias, tras la reorganización administrativa de 1834. La trayectoria del andalucismo histórico, anterior a la guerra civil resultó, además, tan encomiable como débil y desigual en su implantación territorial, por lo que el empuje autonómico de la transición, a pesar de su fortaleza, no era el resultado, como en las denominadas "nacionalidades históricas", de la inercia de un movimiento nacionalista o regionalista de largo recorrido. Vigoroso, como otros, pero con menos raíces, como lo prueba la modesta acogida de la oferta política del nacionalismo andaluz a lo largo del cuarto de siglo de autonomía.

Desde el punto de vista económico y territorial tampoco ha resultado fácil cimentar una identidad andaluza. La estructura productiva y del mercado de trabajo es muy diferente en el litoral mediterráneo y en el interior. Entre Málaga y Almería, por ejemplo, que han actuado en el reciente ciclo de expansión como locomotoras del crecimiento regional (y que durante la recesión están presentando como gran novedad junto a elevadas tasas de actividad, las más altas tasas de desempleo) se ha articulado un eje de dinamismo económico que conecta con el del Arco Mediterráneo y se distancia de las tierras del Guadalquivir. Desde una perspectiva territorial, el sistema de asentamientos y ciudades en Andalucía, no presenta una jerarquía tan evidente como el de otras comunidades donde el peso de aglomeraciones urbanas como las de Barcelona, Valencia o Madrid, resulta indiscutible.

Pero junto a estos componentes estructurales, lo que resulta especialmente relevante es el uso que en el mercado político se hace de estas diferencias. A pesar del gran peso que la administración autonómica ha tomado en la definición de las políticas públicas en Andalucía, y que se manifiesta en la extensión de sus servicios periféricos por todo el territorio andaluz, o en su volumen presupuestario, desde una oposición política lógicamente frustrada por el cuarto de siglo de predominio socialista (pero no sólo desde esta trinchera) se ha conseguido transmitir con frecuencia la sensación de que el gobierno andaluz es distante, remoto y fuente de restricciones para las iniciativas locales y empresariales (véanse las reacciones que provocaron las directrices de ordenación del territorio –el POTA). No son infrecuentes las acusaciones al ejecutivo autonómico de practicar la discriminación con determinados ayuntamientos por razones políticas, y parece que la Junta, a pesar de las importantes inversiones realizadas en el territorio, tiene en determinados lugares un serio problema de imagen que un partido como el socialista, troquelado en la ocupación y gestión del poder y con unas terminales en la sociedad francamente mejorables, es incapaz de contrarrestar.

A este respecto, las perspectivas inmediatas amplían el riesgo de un aumento de la desafección localista ya que, por ejemplo, la modernización de infraestructuras como las ferroviarias (redes AVE) está sujeta a prioridades y plazos que pueden agudizar la percepción de la diferencia en la dotación de estos servicios, lo que sin duda alimentaría la sensación de agravio.

Me parece vano, sin embargo, el intento de orillar este debate con la presunción de que es fruto de la manipulación política o de la visión alicorta de un localismo estéril. Es en al ámbito local donde se ejerce fundamentalmente la ciudadanía y, por lo tanto, en el debate público que se suscite, debe estar presente el gobierno regional. Tanto la Junta de Andalucía como las organizaciones políticas con responsabilidades, presentes o futuras, de gobierno deben afrontar la mejora de la estructura territorial de la administración. Consolidada la capitalidad sevillana, avanzar en la comarcalización, más allá del maremagnum de las divisiones territoriales de ámbito subprovincial que actualmente coexisten, así como la definición del papel de las diputaciones, o la posibilidad real de la descentralización de algunas consejerías y empresas públicas, constituyen epígrafes de una agenda pendiente.