Entre finales de enero y comienzos de enero del año 2000, la violencia se adueñó de las calles de El Ejido y varias localidades del Poniente almeriense. En menos de una semana, dos crímenes y tres muertos pusieron a prueba la paciencia de la sociedad Almeriense. Dos agricultores y una joven morían a manos de dos inmigrantes de procedencia magrebí. Las nada tranquilizadoras palabras del Ayuntamiento y la nula capacidad de reacción del resto de las instituciones provinciales, regionales y nacionales, hicieron que Almería abriera los informativos de medio mundo con unas imágenes –en especial la de la brutal agresión al entonces subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso– imposibles de olvidar. Al menos hasta ocho años después.

El 7 de septiembre Osmán K., un joven de 28 años de origen senegalés, fallecía a consecuencia de una puñalada recibida minutos antes. Intentaba poner fin a una disputa entre un compatriota y su presunto agresor, conocido en el barrio de las 200 Viviendas de Roquetas como "El Gitano". La furia invadió a los inmigrantes subsaharianos que salieron a la calle para vengar la muerte de su compatriota. Dos viviendas de los familiares del presunto agresor fueron incendiadas, así como contenedores de basura y varios vehículos que permanecían estacionados en las inmediaciones.

Los agentes de la Policía Local de Roquetas junto a La Guardia Civil del municipio fueron incapaces de hacerse con el control de la situación. De nuevo se perdieron unas horas preciosas en las que el caos se adueñó de un barrio nacido en el desarrollismo roquetero y que ahora está ocupado mayoritariamente por ciudadanos inmigrantes. Otra vez un crimen prende una mecha en la que se mezclan la pobreza y la carencia de servicios con el rechazo de todo lo diferente. Dos días ocupada por la Guardia Civil devolvieron la tranquilidad a la barriada. Días después era detenido el presunto autor de los hechos en una cortijada de la capital almeriense.

En esta ocasión, fueron dos meses los necesarios para ver hechos similares, de nuevo en el Poniente de la provincia. El 7 de diciembre un joven malí de 24 años recibió una puñalada mortal en el estómago cuando salía de un locutorio. La víctima estuvo durante todo el día recaudando dinero para mandarlo a su familia de Mali, con motivo de la fiesta musulmana del cordero. Sega S. aparcaba su bicicleta en la puerta del locutorio; Mohamed S., de 28 años de edad y de nacionalidad marroquí, esperaba en la puerta para robarle. Una discusión concluyó con una cuchillada en el abdomen, mortal de necesidad.

De nuevo, empezaron los incidentes. Palos y piedras destrozaban los negocios de los magrebíes de la zona. De nuevo tardanza a la hora de desplegar efectivos de seguridad y otros dos días para poner fin a unos incidentes que tardarán en olvidarse.

Tres hechos que revelan unas condiciones de vida cada vez más penosas. Los inmigrantes en Almería han pasado de no poder acceder a una vivienda a hacerlo en pisos pateras en los que las condiciones de vida y habitabilidad son pésimas. Estos se han agrupado en barrios, generalmente los peor equipados de sus municipios, en los que se crea una espiral de marginalidad complejísima de abrir.

Se sigue contratando, a pesar de la cada vez más dura represión legislativa, a extranjeros indocumentados con la peregrina excusa de no encontrar otro tipo de mano de obra para hacerse cargo de ciertos trabajos, especialmente en la agricultura. Las políticas de integración de inmigrantes no pasan de ser una mera invitación al folclore.

Las promesas que se hicieron hace nueve años, aún permanecen en el cajón de los incumplimientos.

Falta por saber dónde y cuándo volverá a saltar el próximo brote de desesperación social, por que visto lo visto, es cuestión de tiempo.