IGNACIO MARTÍNEZ
Director adjunto de Publicaciones
del Grupo Joly


Las diputaciones españolas cuestan 21.260 millones de euros al año; mientras las andaluzas suponen un coste anual para los contribuyentes de 1.668 millones, una doceava parte del total nacional, según los últimos datos cerrados que figuran en el Ministerio de Administraciones Públicas, que corresponden al ejercicio de 2007. Demasiado dinero, en todo caso, si se tiene en cuenta que estos gobiernos provinciales han quedado obsoletos con la puesta en marcha del Estado de las autonomías, que ha solapado en gran parte las funciones de las diputaciones.

Eso era al menos lo que opinaba el Observatorio Económico de Andalucía en su informe La crisis financiera internacional y su interpretación desde la perspectiva de Andalucía. Oportunidades para la política económica, presentado en noviembre de 2008. Joaquín Aurioles, presidente del Observatorio, sostiene que la crisis económica obliga al sector público a una austeridad económica y financiera. Por tres motivos. Porque reduce los ingresos por la vía fiscal y hay que ajustar los gastos de la administración. En segundo término, porque cualquier gasto público o déficit termina siendo pagado por un sector privado cada vez más pequeño, sobre cuyas espaldas se echa cada vez más peso. Y en último lugar, porque si no se controla el déficit, el sector público acudirá a endeudarse y competirá por hacerse con los escasos créditos que concede el sistema financiero al sector privado. El OEA llega a la conclusión que la austeridad debiera suponer la desaparición de órganos de la administración prescindibles. Y este foro, al que pertenecen profesores de universidad, empresarios, economistas y directivos, considera que las diputaciones son organismos superados con la nueva organización del Estado.

De hecho, para buscarles un encaje, el primer Estatuto de autonomía de Andalucía preveía en su artículo 4.4 que las diputaciones fuesen la administración periférica de la Junta, aunque ese mandato nunca se llevó a cabo. Poco a poco el Gobierno andaluz desplegó una potente administración periférica, que hoy día ya sería capaz con creces de sustituir los costosos servicios que dispensan las diputaciones a los pequeños municipios. Y en el segundo Estatuto se eliminó tan molesta cláusula.

A pesar de que cada vez tienen un papel menos relevante, las diputaciones no han parado de aumentar su personal durante el proceso de consolidación del Estado de las autonomías. En el conjunto de España han pasado de los 75.000 funcionarios y empleados que tenían en 2000 a superar los 84.000 en el transcurso de 2008. Y sus gastos de personal se han multiplicado por diez en los últimos 20 años. Las ocho diputaciones andaluzas no están entre las más eficientes. Han incrementado sus gastos en capítulo 1, el de las retribuciones a su personal, en un 172 por ciento entre 1987 y 2007, cinco puntos por encima de la media nacional. Los gastos generales de estas instituciones provinciales, el capítulo 2, han crecido en el mismo período un 257 por ciento, también cinco puntos más que la media de las diputaciones españolas. Las inversiones reales, el capítulo 6, han aumentado más que los gastos generales o la retribuciones, hasta un 204 por ciento. Sin embargo esta subida es sensiblemente menor que la media nacional: entre 1987 y 2007 el conjunto de diputaciones y cabildos aumentaron sus inversiones un 263 por ciento; es decir, 60 puntos más que el promedio andaluz.

En sueldos de su personal, las diputaciones andaluzas se gastaron el año 2007 casi 500 millones de euros y en gastos generales 200 millones; en total, 700 millones en los capítulos 1 y 2. Estos gastos son generados para realizar unas inversiones que se quedan muy por debajo de la mitad de esa cifra: 278 millones. La comparación es fácil: para invertir 3 euros, se gastan 7 en gestión y personal.

La actual división provincial española data de 1833, inmediatamente después de la muerte de Fernando VII, ocurrida en septiembre. Y es obra de un andaluz de Motril, Javier de Burgos, Secretario de Estado de Fomento en el Gobierno presidido por el malagueño Francisco Cea Bermúdez. Mediante una simple circular, en noviembre, De Burgos estableció un estado centralizado dividido en 49 provincias. Un mapa que es el mismo de la actualidad, con 50, tras la creación posterior de dos provincias en Canarias.

La división provincial había sido un debate permanente desde principios del XIX. Las Cortes de Cádiz retomaron en 1812 los proyectos de los ilustrados: decretaron la supresión de los antiguos reinos, provincias e intendencias en que se dividía España, y realizaron una división del país en provincias, regularizada y racionalizada. En paralelo José Bopaparte estableció en 1810 hasta 42 prefecturas al estilo francés, sobre la base geográfica de los ríos. Genil, con capital en Granada, abarcaba Almería y Granada. Guadalete era la provincia de Cádiz, con capital en Jerez. Guadalquivir alto era la provincia de Jaén. Guadalquivir bajo eran Sevilla y Huelva, con capital en Sevilla. Salado comprendía el sureste de Sevilla y Málaga y tenía capital en Málaga. Fernando VII, sin embargo, cuando restableció el absolutismo volvió al esquema político-administrativo del Antiguo Régimen. Durante el trienio liberal (1820-1823) se recuperó la división provincial ensayada por las Cortes de Cádiz, que sería de nuevo suprimida por el rey.

En la España de hoy, 176 años después de su implantación, las diputaciones han servido de base a las comunidades autónomas uniprovinciales. En el resto del territorio nacional siguen sin un papel definido, que la crisis ha puesto en evidencia.