Cumplida una década desde la presentación de su primera propuesta, los ayuntamientos andaluces izaron de nuevo la bandera para reclamar de una vez por todas la solución a su financiación. Consigna a seguir: ejecutamos competencias "impropias", del Estado o la Junta, sin recibir contrapartida económica. La endémica diferencia entre gastos e ingresos en las corporaciones locales se agravó con el impacto de una crisis económica vinculada al auge del ladrillo, principal sustento de las arcas locales en las últimas décadas.

El grito de auxilio de los alcaldes ante la "asfixia" financiera se agudizó al conocer la decisión del Gobierno de negociar un nuevo modelo de financiación autonómica. Pese a la presión de los alcaldes, todos unidos a nivel nacional, el debate no llegó ni en paralelo ni en simultáneo.

A la espera de noticias desde el mando central, en el frente andaluz los ayuntamientos iniciaron el diálogo con la Junta de Andalucía en un nuevo órgano mixto, el Consejo Andaluz de Concertación Local. Por momentos, los 770 ayuntamientos andaluces hicieron piña en torno a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que, presidida por el socialista Francisco Toscano, fue sin embargo en otros muchos momentos la diana elegida por las direcciones regionales de los partidos en la oposición. El organismo nunca estuvo más discutido y tanto PP como IU amagaron con su salida.

Ajenos a las peleas, los alcaldes acordaron su posicionamiento de partida ante la negociación. En un documento, la FAMP apostó por imitar lo que ha hecho Andalucía, como Cataluña, en su Estatuto de Autonomía: el blindaje de competencias. Esperan que la ley local enumere con claridad un bloque de competencias "exclusivas" de municipios, donde ni el Gobierno autonómico ni el central puedan legislar y en este listado se "apropiaron" de un veintena de materias. Entre las más novedosas, los alcaldes quieren tener la última palabra sobre los planes urbanísticos.

La respuesta de la Junta se remitió a 2009 o 2010, momento en que se aprobarán las leyes que regularán su relación con los ayuntamientos: una reforma de la ley de Régimen Local que delimitará las competencias y otra ley que concretará a cuánto asciende la participación de los entes locales en los tributos de la comunidad. Además, la Administración andaluza urgió al Gobierno a modificar su parte sobre las haciendas públicas para cimentar todo el edificio de la financiación local.

A la espera de la reforma estructural, los ayuntamientos recibieron con agrado los bálsamos de un aumento en un 25 por ciento de los Fondos de Nivelación Municipal en el Presupuesto andaluz y la iniciativa del Gobierno de un Fondo Estatal de Inversión Local que destinó a la comunidad 1.426 millones de euros. Estas partidas, dirigidas a la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata para la creación de empleo, fueron completadas con 360 millones de la Junta de Andalucía con el mismo objetivo.

A nadie escapó que se trataba de una ayuda temporal, a la espera de resolver el verdadero problema de la financiación local. Hace diez años, la propuesta quedó en un cajón. Ahora se asegura que esta vez será la definitiva. El minutero no espera un segundo más. Ha llegado la hora de los ayuntamientos.