Elio Sancho García

Está cantado. Esta primavera se producirá la votación en el Parlamento Europeo para ratificar la renovación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos con el que ambos territorios prevén ampliar sus actuales relaciones comerciales. Sobre el papel, tal como lo quiere vender la ministra del ramo, Rosa Aguilar, se trata de un convenio que debería beneficiar a ambas partes, pues disminuye los requisitos arancelarios a la hora de exportar los productos de una a otra zona. A grandes rasgos, los andaluces podrán beneficiarse de unas mejores condiciones en la venta de maquinaria y equipos a su vecino del sur, mientras que ellos aumentan sus posibilidades de exportar a la UE una serie de productos agrícolas. Sin embargo, no es tan sencillo. Para empezar, quienes exportan las frutas y hortalizas desde Marruecos hasta la UE, que no tienen por qué ser marroquíes (muchos de los operadores son franceses), están incumpliendo sistemáticamente el acuerdo vigente hasta ahora, ya sea en los cupos establecidos, así como en los precios mínimos. Los productores y exportadores españoles, agrupados en Fepex, denunciaron ante la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) hace un par de años que Marruecos lleva defraudados más de 24 millones de euros por el incumplimiento de los precios de entrada. Aunque el expediente sigue su curso, seguramente nunca tendrán que pagar nada, pues el país alauita es un auténtico estratega de las negociaciones internacionales y buscará la fórmula para, además de no soltar un euro, hacerse la víctima y obtener algo a cambio, como viene siendo habitual. Precisamente, la agricultura andaluza no quiere ser moneda de cambio, como le ha ocurrido en anteriores ocasiones, en todo este asunto, en el que, como ha reconocido la propia consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, han prevalecido los intereses de política exterior frente a los de un simple sector económico concreto.

Pero, por mucho que pataleen las organizaciones agrarias Coag, Asaja y UPA, los productores aglutinados en Coexphal, Ecohal, Aproa o Faeca, así como la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta), el pacto no tiene vuelta atrás y no habrá compensaciones económicas a cambio. Menos aún cuando a Andalucía le quedan dos telediarios para salir del furgón de cola en el que se encuentran aquellos territorios de la UE que reciben más subvenciones para facilitarles su convergencia con el resto, tal como se está apuntando en las conversacones sobre la reforma de la PAC. El convenio comenzó su camino hace casi cinco años, en febrero de 2006. En 2009 pisó el acelerador y el 14 de diciembre de este año se firma el acta de negociación entre la Comisión Europea y el país alauita para, justo un año después, el 13 de diciembre de 2010, ratificarse por parte del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, con lo que queda el último trámite, el ‘sí quiero’ del Parlamento Europeo, que es cuestión de unos pocos meses. En la práctica, el acuerdo es perjudicial para los intereses agrícolas andaluces, pues incrementa las cantidades que Marruecos puede exportar a la UE, alterando el mercado mayoritario actual de las empresas hortofrutícolas de la región, más aún, porque la mayoría de las cantidades entran en fechas en las que el campo andaluz está a pleno rendimiento, y con el agravante de que los precios mínimos establecidos seguirán sin cumplirse en muchas ocasiones, lo que hundirá la cotización de las hortalizas de Andalucía. Sin embargo, el comercio internacional cada vez tiene menos obstáculos en el mundo. La tendencia hacia la liberalización comercial es un fenómeno imparable.

Todos los países buscan alianzas entre sí, más allá de pertenecer a determinadas plataformas político-económicas como es el caso de España con la UE. Marruecos posee una serie de convenios muy interesantes, entre los que destaca el que mantiene con Estados Unidos (en el marco de la geopolítica que practican los norteamericanos), lo que le hace un trampolín muy atractivo. Francia es el socio histórico del país norteafricano, además del principal coladero de los tomates marroquíes con destino a la UE, por lo que será el gran beneficiado del acuerdo a nivel económico. Detrás están los intereses de grandes cadenas de distribución, que amparadas en que, de momento, las reglas del juego para los productos marroquíes son diferentes que para el resto de artículos alimentarios de países comunitarios, en cuanto a requisitos de seguridad alimentaria, obtienen frutas y hortalizas a precios irrisorios, con las que es muy difícil competir, salvo por la vía de la calidad, que no siempre es lo que busca el ama de casa, y menos aún en tiempos de crisis como los que vivimos. Por eso, la UE debe exigir cuanto antes que las hortalizas marroquíes cumplan los mismos requisitos de trazabilidad, uso de fitosanitarios y sean elaboradas por una mano de obra con unas condiciones laborales más, digamos, democráticas. Sin embargo, como esto puede tardar varios años, si es que llega, los productores andaluces deben apostar por acercar su producto a las necesidades del consumidor. Debe trabajar hacia cuartas y quintas gamas, transformar más el producto y ofrecer un valor añadido, que es lo que deja el mayor margen económico dentro de la cadena. Para ello, nada mejor que concentrar la oferta de una vez por todas, reduciendo costes y optimizando los recursos. En la actualidad, el tamaño medio de las cooperativas andaluzas ronda los 3,5 millones de euros, muy lejos de los 19 millones de las francesas y a años luz de los 1.346 millones de las danesas, todo un ejemplo de cómo aglutinar fuerzas en el ámbito agroalimentario. Unidos, los productores andaluces serían imparables.